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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República
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La entidad señaló que la mayor afectación fiscal se debió a fallas contractuales en proyecto de embarcaderos en 81 municipios
En la Auditoría Intersectorial de Cumplimiento realizada en el segundo semestre de 2020 por la Contraloría General de la República, se encontraron incumplimientos generalizados en el recaudo, administración y ejecución del impuesto nacional con destino al turismo. La entidad evidenció hallazgos fiscales por $28.310 millones, que corresponden a recursos de la vigencia 2023 y a presentaciones extemporáneas de las declaraciones del mencionado impuesto.
Entre los hallazgos de mayor impacto fiscal, la Contraloría se refirió a la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, en 81 municipios del país. Sobre esto se determinó presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias. Cabe resaltar que dicho proyecto corresponde a la vigencia fiscal 2023 y se inició con la suscripción del acta de inicio el 26 de diciembre de 2023, con un plazo contractual inicial de 20 meses con una terminación prevista para el 25 de agosto de 2025.
La meta contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales; sin embargo, a la fecha del informe, solo cinco habían sido instalados y entregados en funcionamiento en Puerto Wilches, (Santander), María La Baja (Bolívar), Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista (Magdalena).
Otro hallazgo importante corresponde a la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto Nacional al Turismo, para los años 2021 y 2022, que muestra fallas en el control que deben realizar la Dian, Fontur y MinCIT. La Contraloría estableció que estas irregularidades tienen presunta incidencia fiscal por $5.303 millones, además de posibles responsabilidades disciplinarias.
La auditoría realizada por la Contraloría también revisó la supervisión de proyectos ejecutados en diferentes regiones del país y examinó los procesos de recaudo, declaración, fiscalización, administración presupuestal y ejecución contractual, involucrando al Ministerio de Hacienda, el MinCIT, la Dian y Fontur, administrador de los recursos a través de un patrimonio autónomo.
El informe advierte que la Dian no ejerció de manera efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario, pese a que la normatividad le otorga amplias competencias para verificar, liquidar y sancionar el incumplimiento en la declaración y transferencia del impuesto. De acuerdo con la entidad, esta omisión incrementa el riesgo de pérdida de recursos públicos y afecta la oportunidad del ingreso al Presupuesto General de la Nación.
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