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Asofondos advierte que repatriar inversiones genera mayores riesgos y menores retornos
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La medida podría afectar la rentabilidad del ahorro pensional, incrementar la presión fiscal y poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional
La Contraloría General de la República alertó sobre los riesgos que tendría el proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Hacienda, que propone reducir el límite global de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP. Según el análisis técnico del ente de control, la medida podría afectar la rentabilidad del ahorro pensional, incrementar la presión fiscal y poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional.
La iniciativa del Gobierno plantea una reducción progresiva del tope de inversión en el exterior, que pasaría de 49% actual a 30% en un periodo de cinco años. Durante la fase de transición, el límite se ubicaría en 35% durante los primeros tres años. De acuerdo con el borrador del decreto y las proyecciones de crecimiento de los recursos administrados por las AFP, en 2028 el límite sería de 35%, equivalente a $274,2 billones, y en 2030 bajaría a 30%, unos $306,3 billones.
Esto implicaría la repatriación de cerca de $100,3 billones en 2028 y aproximadamente $177,8 billones en 2030, recursos que deberían destinarse a inversiones en el mercado local.
Para la Contraloría, una repatriación de esta magnitud conlleva varios riesgos. Entre ellos, la falta de certeza sobre la existencia de proyectos o alternativas de inversión locales capaces de absorber el aumento de la inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP, que pasaría de 51% actual a 69%, es decir, un incremento de 18 puntos porcentuales.
El organismo recordó que, históricamente, las inversiones realizadas en Colombia han presentado rendimientos inferiores frente a las efectuadas en mercados internacionales. Desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado —que combina activos locales y externos— ha registrado una rentabilidad promedio anual de 8,5%, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en el mercado local habría obtenido alrededor de 3,8% en el mismo periodo.
Esta diferencia se explica, según el análisis, por la mayor profundidad, liquidez y diversificación de los mercados internacionales, así como por los beneficios derivados de la valorización de activos y del comportamiento del tipo de cambio.
Las simulaciones muestran que un millón de pesos invertidos en 2011 en activos internacionales habría alcanzado un valor cercano a $3,2 millones, lo que equivale a una rentabilidad promedio anual de 8,5%. En contraste, la misma inversión realizada únicamente en el mercado interno habría llegado a $1,6 millones, con una rentabilidad promedio anual de 6,8%. En términos prácticos, esta brecha implicaría que un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5% menor al momento de pensionarse, reduciendo en igual proporción el valor de su mesada pensional.
Con base en cifras de la Superintendencia Financiera, los cuatro fondos del régimen de ahorro individual con solidaridad administraban un capital total de $529,1 billones a diciembre de 2025, con un rendimiento promedio de 6,43% en los últimos cuatro años. Si se tiene en cuenta que el Gobierno busca repatriar cerca de $177,8 billones actualmente invertidos en el exterior, la Contraloría estima que se podría dejar de percibir una rentabilidad cercana a 3,7% sobre esos recursos, lo que equivale a unos $3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados.
El ente de control advirtió que limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo, afectando directamente el ahorro de millones de colombianos. Además, recordó que, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, el Estado es garante del pago de las pensiones, por lo que una menor rentabilidad de los recursos pensionales implicaría que el Gobierno tendría que cubrir el faltante para garantizar una pensión mínima, aumentando el riesgo de déficit fiscal.
La Contraloría también analizó los efectos de la medida en el contexto de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional que actualmente se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional. Las proyecciones indican que el número de afiliados activos comenzará a disminuir a partir de 2037, mientras que el número de pensionados seguirá en aumento.
Dado que Colpensiones opera bajo un esquema de reparto, una reducción en los recursos transferidos desde las AFP como consecuencia de menores rendimientos incrementaría el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente en el periodo comprendido entre 2037 y 2052.
Finalmente, la Contraloría General de la República hizo un llamado a que la discusión sobre la repatriación de inversiones priorice la protección del ahorro pensional, la sostenibilidad del sistema y el interés de los afiliados, elementos que considera fundamentales para preservar la confianza en el sistema de pensiones.
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