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Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, dijo que no cree que haya impacto en la tasa de cambio por la repatriación, pues ya estaba descontado
En medio del debate por el decreto que busca reducir gradualmente las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, explicó los alcances de la medida, los riesgos de una repatriación acelerada y cómo la reforma pensional podría volver a cambiar las reglas del juego.
Lo que se había anunciado originalmente, de repatriar de manera acelerada y abrupta los recursos, por fortuna, cambió; ya no estamos hablando de seis meses o un año, sino que se habló de un plazo de cinco años. La exposición que tenemos al corte de ayer es de 46% y se debe llegar en cinco años a 30%. Por tanto, ya vemos que hubo una gradualidad importante allí. Lo segundo del borrador que conocimos de esta intención de decreto es que las AFP tenemos una obligación, que es la más importante que llevamos, y es siempre preservar los postulados de seguridad, rentabilidad y liquidez, y que eso tiene que, incluso, sobreponer a la obligación de traer estos recursos.
Estamos todos pendientes del fallo de la pensional. De hecho, el magistrado que fue nombrado como conjuez pidió un plazo de cinco días adicionales para presentar el informe sobre la demanda de la reforma. Estamos ad portas de que la Corte falle y muy seguramente veremos que la reforma pensional entra a regir y esto vuelve a cambiar totalmente las reglas del juego.
“Tienes dos alternativas con la plata, o la pones afuera o la pones adentro. Entonces, por definición, si ya no la puedes poner afuera, tienes que ponerla adentro”.
El grueso de los flujos ya no va a llegar a las AFP, sino al fondo de ahorro del Banco de la República y a Colpensiones. Por tanto, cambia totalmente el marco que estamos viendo. Cuando entre a regir la pensional, tendremos que mirar que este decreto debe ser modificado porque ya no hay nuevos ingresos, pues 70% del ahorro va a dejar de ir a las AFP e irá a Colpensiones y al Emisor. No nos olvidemos de que la reforma prevé que los afiliados que ganen 2,3 mínimos estarán en el primer umbral en Colpensiones.
Somos los mayores inversionistas en Colombia en infraestructura y en proyectos de desarrollo, pero estos proyectos necesitan las condiciones para que se den y la primera condición son las reglas del juego: la seguridad jurídica y física, la confianza al inversionista.
El mismo proyecto de decreto dice que las AFP tienen que, si no encuentran estos proyectos de inversión, pueden acomodar los plazos para ir observando los límites de regulación. Además, hemos expuesto al Gobierno el reducido tamaño del mercado de capitales y, por supuesto, el cómo podemos hacer para ampliarlo, y el plazo que se necesita. Porvenir invierte en renta variable, en acciones de las empresas colombianas, y en la gran mayoría de ellas está en el límite máximo regulatorio. Una AFP no puede tener más de 10% de las acciones que tiene una empresa en circulación, y en la mayoría ya estamos en ese límite. Por tanto, nos encontramos con una restricción, a efecto de poder ampliar esta exposición. Los afiliados que están en Porvenir vieron que sus fondos, tanto de pensiones como de cesantías, tuvieron valorizaciones por $27 billones. Y si vamos a mirar el activo que más rentó, fueron las acciones de Colombia.
Nos han enseñado todos: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Y eso es lo que hemos venido haciendo. De hecho, si nos remontamos en el pasado, el grueso de las rentabilidades que han obtenido los afiliados a las AFP viene más de las inversiones que se han hecho en el exterior que de las inversiones que han dado en el país. Debemos encontrar los proyectos de infraestructura y de desarrollo económico del país que van a permitir tener ese nivel de riesgo que esperamos y ese nivel de retorno; ahí estará la clave. Las AFP estamos ávidas de encontrar esos proyectos y tenemos algo muy importante y es que nuestros periodos de inversión son de largo plazo.
Es imposible, por el daño que podría traer, repatriar aceleradamente los recursos que están invertidos en el exterior. Si uno los trae abruptamente, es tal el nivel de exposición de esos dólares para convertirlos en pesos, que el riesgo ciertamente podría ser bajar la tasa de cambio a niveles incomprensibles.
Por eso el decreto no salió así; el decreto no salió para traer mañana el dinero, salió para traerlo en cinco años y eso permite precisamente que no vaya a haber este elemento absolutamente impactante para que la tasa de cambio caiga abruptamente. Creo que el impacto de la tasa de cambio no se va a dar porque el Gobierno habló de un principio de gradualidad.
La ley previó cómo se iba a dar la cobertura para el aumento del salario mínimo arriba de la inflación. En 2014, el Ministerio de Hacienda reconoció que el aumento del salario mínimo dejó de ser una medida técnica y pasó a ser una medida política. Por lo tanto, ya no obedece a esa regla que sabemos que está en el marco de la ley, que el aumento del salario mínimo obedece a la inflación más el componente de productividad. Y se ha creado un factor que es un factor político. Este factor político establece un sesgo de incertidumbre de cuánto va a ser. Y el Gobierno dijo: Este factor de incertidumbre, como yo lo he creado, yo lo cubro. Y yo lo cubro en dos medidas. Si es muy adverso, el Gobierno va a poner. Si es muy favorable, la compañía de seguros debe poner.
Las propiedades del Gobierno exigen alcanzar y tener un mayor capital cuando va a pensionar por vejez, por capital. Pero anotemos, incluso la garantía de pensión mínima, la que da el propio Ministerio de Hacienda, lo que se llama la nota técnica, incrementa en ese porcentaje, en el rango político, más o menos $347 millones, y sube prácticamente a $460 millones para recibir la pensión. Por lo tanto, es un mayor costo y es un mayor requisito para acceder.
Si no encontramos una modificación del Gobierno, evidentemente están las autoridades judiciales.
Sí, estarían desfinanciadas si no cambian las reglas del juego.
Miguel Largacha Martínez es actualmente el presidente de Porvenir. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes y formación en Alta Gerencia. Ha complementado su trayectoria con estudios y programas ejecutivos en operación bursátil y liderazgo estratégico en instituciones la Universidad de Navarra.
Bajo su liderazgo, la compañía ha fortalecido su enfoque en la excelencia del servicio al cliente y ha consolidado su posicionamiento como una de las principales AFP en Colombia con enfoque en una compañía a la vanguardia digital.
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