Superintendente financiero defendió el proyecto de repatriación de pensiones

En el marco de la publicación del borrador del decreto que impulsa la repatriación de parte del ahorro pensional invertido en el exterior, César Ferrari, superintendente financiero, definió su postura sobre este documento y su efecto sobre las cuentas nacionales.

La nueva normativa establece que las AFP deberán reducir de 49% a 35% la inversión en el extranjero en los próximos tres años, y esto deberá disminuir a 30% al cabo de cinco años. El decreto reveló que hasta noviembre del año pasado el total de recursos administrados por los fondos de pensiones obligatorias asciende a $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones corresponden a inversiones en activos del exterior, lo que equivale a aproximadamente 48,8% del total del portafolio agregado.

"Todos los años las pensiones aumentan $42 billones , esa liquidez se a va quedar en el país y hay que aprovechar el mercado de capitales, ahí es donde tenemos ahora una oferta enorme de liquidez. O sea, los inversionistas, los emisores, tienen que ponerse las pilas para utilizar esos recursos abundantes en el país", señaló Ferrari.

Es decir, que con esta modificación, se debe reducir la concentración de la inversión en otros países, en los primeros tres años, por $73 billones; esta repatriación ascendería a casi $100 billones una vez se complete el lustro.

Lo que dicen los expertos

Entre las primeras reacciones que se conocieron fue la del rector de la Universidad, EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que limitar el ahorro pensional en el extranjero a 30%, "reduce y distorsiona de manera artificial la diversificación de riesgo", de los ahorros pensionales.

Mediante su cuenta en X aseveró que esto expone los ahorros pensionales al riesgo fiscal, regulatorio y político local, y debilita uno de los principales mecanismos de protección del afiliado.

"No puede el Gobierno pensar que nuestros ahorros pensionales son su caja menor, buscan jugar con $100 billones de nuestros ahorros. En la práctica, esto funciona como un control indirecto de capitales", cuestionó.

“No entendemos qué se pretende lograr. Esto no genera más ahorro en la economía; por el contrario, reduce la diversificación de los portafolios y expone el ahorro de los trabajadores a mayores riesgos y a una menor rentabilidad”, afirmó.

Previo a su renuncia, Mónica Higuera, exdirectora de la URF, había advertido de los contras que traería este borrador de decreto. Advirtió en ese momento, que esta propuesta podría no ser viable y el Gobierno debe diseñar una nueva normativa en la cual se podría modificar el límite de inversión.