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Solo el Gobierno Central puede poner o quitar impuestos, los congresistas discuten de cara al país, y entre los dos poderes ejecutan lo acordado, un proceso que debe ser más justo
Para poder hablar de impuestos con solvencia hay que tener cuatro conceptos básicos dominados: el primero es que Colombia es el país de los casi 40 de la Ocde con el peor sistema tributario; segundo, que cada gobierno de turno trae una, dos o tres reformas tributarias bajo el brazo para tener más dinero para gastar; tercero, el imperativo que los mueve a poner más impuestos es el déficit fiscal; y como cuarto aspecto, ninguna de las administraciones nacionales han presentado un plan de eficiencia del Estado que supla o reemplace ponerle más impuestos a la gente.
Debe quedar claro que Colombia es un país mediocre cuando de impuestos se trata y que ha hecho del maquillaje tributario un rasgo de su cultura política; tanto los ministros de Hacienda, como los congresistas y gremios de la producción, han caído en el juego presidencial de hacer de cada propuesta tributaria un espacio de negociación, de zanahoria y garrote. Nunca se ha logrado discutir con seriedad, al final de cada año, el Presupuesto General de la Nación con amplia participación para que los gobernantes puedan exponer ante quienes pagan impuestos cuáles son las inversiones y los gastos, además de explicar de dónde salen los recursos. Los colombianos aún no saben cuántos impuestos pagan directa e indirectamente y cómo el gobierno de turno y los congresistas deciden invertir ese dinero. En pocas palabras, hace falta más cultura tributaria.
Hay varios porqués que los autores de nuevos impuestos nunca explican y menos profundizan en sus orígenes: ¿por qué existe un déficit fiscal de unos $85 billones? ¿por qué no se logra que los impuestos alcancen para los gastos y las inversiones? ¿por qué el Gobierno se sigue endeudando hasta una deuda externa (56% del PIB) y simultáneamente crecen los impuestos? ¿por qué no hay un plan de ahorro de los funcionarios públicos en pequeñas cosas: gasolina, papelería, celulares, etc.? ¿por qué no se recortan los gastos del Gobierno Central, asesores, viajes, etc.? ¿por qué hay unos alcaldes que son más eficientes en el cobro de los impuestos regionales y otros no, sin que pase nada? ¿por qué universidades, fundaciones, resguardos indígenas e iglesias, no contribuyen con dinero para las arcas nacionales?
Es un largo libro de porqués sin respuestas oportunas que nadie desarrolla y ni tienen voluntad política para resolver; esa debería ser la verdadera discusión en el Congreso, pero el interés se concentra en las causas y consecuencias a tres bandas en salones cerrados donde intervienen gremios, congresistas y MinHacienda. Nadie quiere pagar más impuestos, pero sí hay consenso generalizado en que el ahorro de los funcionarios sea elocuente, pues el dinero de que dispone el Gobierno Central es de las arcas nacionales y siempre se cae en el mantra de que lo público es de todos y lo que es de todos no es de nadie.
La disminución del déficit fiscal es imperativo y solo hay dos formas de hacerlo: ahorrando y aumentando impuestos, toda reforma tributaria debería tener esos dos componentes. El otro pilar es atacar la evasión, sumar a más colombianos en la base tributaria y atacar de frente la informalidad que es un auténtico desangre de recursos. Ojalá en el próximo lustro se logre mínimamente de que haya conciencia en que el pago de los impuestos es de todos para poder reclamar obras y subsidios.
El porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional es 9,9%; en las cabeceras es 6,3% y en los centros poblados y rural disperso 22,4%, todo un pendiente
El país está inmerso en la confusión entre el impuesto predial y el catastro, que no son la misma cosa, pero destapa una contribución conflictiva que se debe revisar oportunamente
Antes de pandemia, en la economía global -Colombia no fue la excepción- el grito era ¡la inflación murió! ahora, tras “dos pandemias” la expresión debe ser ¡Viva la inflación!
