Gobierno Español dará US$157.000 a Pyme que inicien semana laboral de cuatro días

El Ministerio de Industria y Comercio dará hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que implanten una reducción mínima del 10% de la jornada laboral y mantengan este plan durante, al menos, dos años, sin reducir el salario de sus empleados, según han confirmado fuentes de esta cartera a Europa Press.

El Gobierno envió a consulta pública el proyecto de orden que regulará el impulso de la jornada laboral de cuatro días en pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales a mediados de junio y se espera que publique la orden en los próximos días.

El proyecto piloto cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros, según el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Gobierno y Más País, cuando los de Íñigo Errejón dieron su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 a cambio de que se incluyera una partida para estudiar la jornada laboral de 32 horas.

El monto que recibirá cada empresa para poner en marcha este proyecto piloto será de hasta 150.000 euros y beneficiará a unas 60 o 70 pymes, según adelantó 'El Periódico' este domingo.

Mas País estimaba que podrían sumarse al proyecto unas 160 empresas, con un beneficio de más de 3.000 empleados en la primera edición del programa.

Este proyecto piloto pretende mejorar la productividad, la conciliación laboral, la igualdad de oportunidades y la salud física y mental de los trabajadores.

Además, las empresas deberán incorporar medidas organizativas, de procesos productivos y de formación para generar una mejora de la productividad que compense en los mayores costes salariales. También se fijarán indicadores para medir la evolución de la productividad.

Para respaldar este esfuerzo inicial, el Gobierno prevé ayudas directas temporales por los costes asumidos por la empresa como consecuencia de la reducción de la jornada y de implementación de nuevas fórmulas organizativas y la formación, como constaba en el proyecto sometido a consulta pública.

En ese documento, también se planteaba la posibilidad de financiar de forma parcial los costes salariales de los trabajadores que se sumen a la reducción de la jornada laboral, los costes de formación relativa a la optimización del tiempo de trabajo, los costes de colaboraciones externas o los costes de personal interno necesarios para el diseño o rediseño de procesos.