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La Comisión actuará tras valorar que estas restricciones vulneran la libre circulación de capitales del un tratado de la Unión Europea
La Comisión Europea entiende que el Gobierno se extralimitó y que sus acciones son contrarias a la libre circulación de capitales, por lo que tomará medidas antes del parón de verano que pueden acabar escalando con el tiempo a una denuncia ante el Tjue.
La paciencia de la Comisión Europea en relación a la opa de Bbva sobre Sabadell acabó. Bruselas ultima la apertura de un procedimiento de infracción a España por las condiciones adicionales impuestas por el Gobierno a la operación.
La Comisión actuará tras valorar que estas restricciones vulneran la libre circulación de capitales recogida fundamentalmente en los artículos 63 a 66 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Según señalan fuentes comunitarias conocedoras del proceso, la intención es abrir el procedimiento "antes del parón veraniego" y no conciben un escenario en el que esto no ocurra.
El Consejo de Ministros dio su autorización a la operación el pasado 24 de junio, pero impide a Bbva proceder a la fusión de los dos bancos durante los próximos tres años, con posibilidad de ampliar esa restricción por dos ejercicios más. Se trata de una posibilidad contemplada en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 y que en el Gobierno entienden que les da potestad para ir más allá de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) con el objetivo de velar por el interés general.
Pero Bruselas no opina lo mismo. En la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (Fisma, por sus siglas en inglés), se considera que España puede estar estirando demasiado el concepto del interés general.
Ya hace algo más de un mes, la Comisión Europea señaló que "no veían razones" que justificaran el bloqueo o el rechazo de la operación después de que la Cnmc hubiera impuesto sus condiciones para preservar la competencia y de que el BCE hubiera publicado su no objeción respecto al aspecto macroprudencial y de solvencia.
El Ejecutivo comunitario, a través de su portavocía, advirtió entonces de que "si fuera necesario, usaría sus poderes como guardián de los Tratados, para eliminar cualquier restricción injustificada sobre el Mercado Único que fuera impuesta por un Estado Miembro.
Bruselas y Madrid llevan prácticamente diez meses intercambiando información sobre la opa de Bbva a Sabadell a través de un procedimiento formal (EU Pilot) que se activa cuando la Comisión Europea tiene sospechas de que un Estado Miembro podría estar actuando en contra del Derecho comunitario. En todo ese tiempo, el Gobierno no ha logrado convencer a las autoridades europeas de que su oposición a la opa está amparada por la legislación nacional y que ésta, a su vez, es compatible con las exigencias europeas en materia de libre circulación de capitales.
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