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Anif advirtió que la medida tendría efectos negativos sobre el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas
El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que modificaría las reglas para el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) hacia Colpensiones. La propuesta obligaría a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir, en un plazo de 15 días tras la firma de la norma, la totalidad de los ahorros acumulados por los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado, sin importar si ya cumplen los requisitos para pensionarse.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, advirtió que la medida tendría efectos negativos sobre el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas. Según el centro de estudios, aunque los derechos individuales de los afiliados no se verían afectados, el traslado inmediato de cerca de $25 billones desde las AFP hacia Colpensiones implicaría que estos recursos dejarían de fortalecer el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, Fapc, creado para financiar las pensiones futuras de trabajadores que devengan hasta 2,3 salarios mínimos.
Frente a estas advertencias, el presidente Gustavo Petro defendió el derecho de los afiliados a trasladar sus ahorros pensionales, señalando que los recursos pertenecen a los cotizantes y deben transferirse de manera inmediata cuando así lo soliciten.
El mandatario cuestionó la postura de Anif y de los gremios del sistema privado, preguntando si se está negando el derecho de los ahorradores a reclamar sus recursos o si existen problemas en la capacidad de los fondos para garantizar los traslados. Incluso invitó a los cotizantes a interponer acciones judiciales si consideran vulnerado su derecho.
Petro anunció que sostendrá una reunión con la Superintendencia Financiera para revisar la situación y reiteró que rechazar el traslado voluntario de ahorros sería inconstitucional. Asimismo, solicitó a la Corte Constitucional la aprobación definitiva de la reforma pensional y convocó a Asofondos a un diálogo para aclarar la capacidad operativa del sistema.
El debate abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la sostenibilidad del sistema pensional y el equilibrio entre el derecho individual sobre los ahorros y la estabilidad fiscal de largo plazo.
Anif señaló que recursos destinados al ahorro pensional de largo plazo pasarían a cubrir obligaciones actuales, lo que aceleraría el agotamiento del fondo y obligaría a que, en el futuro, el faltante sea cubierto con recursos del Presupuesto General de la Nación, con posibles efectos en mayores impuestos o ajustes del gasto público.
El gremio también alertó sobre impactos en el costo de endeudamiento del Gobierno. Estima que cerca de 70% de los $25 billones —unos $17,5 billones— está invertido en títulos de deuda pública. La liquidación de estos activos en un periodo corto generaría una oferta masiva que presionaría a la baja sus precios y elevaría las tasas de interés, encareciendo el financiamiento estatal en un contexto de alta carga por servicio de deuda.
Además, Anif advirtió un posible conflicto jurídico, al considerar que el borrador contradice el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 —uno de los apartes no suspendidos por la Corte Constitucional—, que establece que los recursos acumulados en cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se consolide el derecho a la pensión.
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