MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Aunque por ahora se están tramitando los estudios de factibilidad, la obra podría tardar entre 4 y 5 años.
Odinsa, filial del Grupo Argos, anunció que será el socio mayoritario para realizar el diseño, financiación, construcción, operación y explotación comercial del nuevo aeropuerto de Cartagena. La empresa tendrá una cuota de 70% en la obra, la cual, contempla una inversión estimada de US$600 millones.
La empresa de concesiones aclaró que el desarrollo de esta nueva terminal permitiría movilizar a más de 9 millones de pasajeros al año en su primera fase de producción.
“Nos complace hacer parte de este importante proyecto que encaja perfectamente en nuestro enfoque estratégico y al que consideramos un valioso activo porque fortalecerá la capacidad del tránsito de pasajeros en el mediano y largo plazo", aclaró Mauricio Ossa, presidente de Odinsa.
El directivo aclaró que este nuevo aeropuerto "ofrecerá una infraestructura de primer nivel aportando a la competitividad del país, y seguirá posicionando a Cartagena como un destino atractivo para el turismo y la inversión”.
Esta nueva infraestructura se ubicará a 24 kilómetros del Centro Histórico. Contará en su primera fase con una pista de 3.100 x 45 metros, una terminal de pasajeros, una pista de rodaje paralela y una plataforma con puentes de embarque y posiciones remotas, entre otras características.
Aunque por ahora se están tramitando los estudios de factibilidad, la obra podría tardar entre 4 y 5 años. Al finalizar el proyecto, esta nueva terminal tendrá una capacidad final de más de 30 millones de pasajeros por año.
La constructora consolida su estrategia de sostenibilidad con más de 72.000 viviendas certificadas con el sello ambiental internacional Edge
Alimentos, agua, leche, materiales de construcción, insumos médicos, maquinaria y hasta capacidad logística hacen parte de la respuesta en especie de las empresa
La sumatoria de los fallos emitidos por la Contraloría en este expediente ya estaría por encima de $316.000 millones en detrimento patrimonial comprobado por parte de estas entidades y sus miembros directivos
