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Gobierno Nacional aprobó la venta de su participación accionaria de 32,5% en Coltel

martes, 6 de enero de 2026

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Foto: Reuters

Si tras la primera fase no se logra colocar la totalidad de las acciones, el Gobierno avanzará a una segunda fase, en la que podrán participar inversionistas nacionales y extranjeros

Santiago Rodríguez Morales
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El Gobierno nacional dio luz verde a la venta de la participación accionaria que mantiene en Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel), empresa que opera bajo la marca Movistar. La decisión quedó consignada en el Decreto 1481 del 30 de diciembre de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda.

La operación incluye 1.108 millones de acciones, que representan 32,5% del capital de la compañía. De acuerdo con el Ejecutivo, se trata de una participación minoritaria, por lo que no se modifica el control de la empresa ni se afecta la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

“El proceso no implica un cambio en la situación de control de la sociedad, ni compromete la continuidad del servicio”, indicó el documento.

Según el decreto, la venta se realizará en dos fases. En la primera, las acciones serán ofrecidas exclusivamente a trabajadores activos y pensionados, extrabajadores, sindicatos, fondos de empleados, cooperativas y cajas de compensación, tal como lo ordena la Constitución y la Ley 226 de 1995.

Durante esta etapa inicial, las acciones tendrán un precio fijo de $772,38 por unidad, y la oferta deberá permanecer abierta por al menos dos meses. Además, los potenciales compradores podrán acceder a líneas de crédito especiales y, en el caso de personas naturales, usar recursos de cesantías para financiar la compra.

“El objetivo es facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad accionaria y promover una participación más amplia”, señaló el decreto.

El Gobierno estableció límites al número de acciones que puede adquirir cada persona, con base en sus ingresos, patrimonio o nivel de remuneración, en el caso de cargos directivos. Con ello, se busca evitar la concentración de la propiedad y garantizar un proceso más equitativo.

Adicionalmente, quienes compren acciones en esta primera fase no podrán venderlas ni transferirlas durante los dos años siguientes. El incumplimiento de esta restricción dará lugar a multas a favor de la Nación, que pueden variar según el momento en que se presente la falta.

“El esquema incluye controles y sanciones para proteger el carácter social del proceso”, advirtió el documento.

Si tras la primera fase no se logra colocar la totalidad de las acciones, el Gobierno avanzará a una segunda fase, en la que podrán participar inversionistas nacionales y extranjeros, personas naturales o jurídicas.

En esta etapa, el precio podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones del mercado, aunque no podrá ser inferior al valor definido inicialmente, salvo autorización expresa del Consejo de Ministros. La operación podrá realizarse a través de la Bolsa de Valores de Colombia u otros mecanismos que garanticen transparencia y libre concurrencia.

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