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Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto
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Aconauto alertó sobre el impacto de los recientes incrementos salariales y tributarios en la rentabilidad del sector, y propone medidas para impulsar la renovación del parque vehicular
Los concesionarios de automotores agrupados en Aconauto manifestaron su preocupación por las recientes medidas del Gobierno en materia laboral y tributaria, que, según el gremio, ponen en riesgo la estabilidad económica de un sector que conforma una cadena de valor estratégica para el país.
Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, explicó que el incremento de casi una cuarta parte del salario mínimo golpea fuertemente a las nóminas de los concesionarios, donde gran parte del personal técnico, de contact center y vigilancia recibe ese nivel de remuneración.
El gremio alertó que, ante este aumento, los concesionarios tendrán que diversificar sus negocios, especialmente en posventa, y pasar del modelo monomarca al multimarca, lo que implicará renegociaciones con fábricas e importadores, adecuación de infraestructura, adquisición de equipos especializados, capacitación de personal e incremento en inventario de repuestos e insumos.
A esto se suma la subida del Impoconsumo de vehículos de 8 % a 19 %, contemplada en el decreto 1474 del 29 de diciembre, que según Aconauto aleja los automotores del consumidor final: “A mayor precio, menos ventas”, enfatizó Quijano. El gremio cuestionó que estas medidas se tomen pese a que la Dian reportó un desfase en la recaudación de 2025 de $11 billones, y llamó a la racionalidad y planificación de las cifras para no aplazar decisiones de compra ni desincentivar la inversión.
En ese sentido, Aconauto propuso un programa de reposición del parque automotor, cuyo promedio de uso actualmente es de 19 años. La idea es incentivar la renovación mediante subsidios a la tasa de interés y reducción de impuestos, con el objetivo de superar el récord de 2014, año en el que se vendieron 325.000 unidades y el Estado recaudó recursos significativos.
El gremio advierte que, de no ajustarse las políticas, se corre el riesgo de que el sector pierda competitividad, se marchite la inversión y se afecte la cadena de valor que involucra talleres, proveedores y fabricantes, afectando no solo a las empresas sino a la economía local y nacional.
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