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Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes
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El gremio autopartista coincide en que, de aprobarse, esta medida encarecerá el precio de los vehículos y golpeará el bolsillo de los hogares
La Asociación del Sector Motriz y sus Partes, Asopartes, expresó su preocupación frente al proyecto de decreto del Ministerio de Comercio que propone aumentar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas propulsados por motores a gasolina y diésel.
Según la agremiación, de aprobarse, esta medida afectará directamente los precios al consumidor, reduciendo la demanda y podría frenar el rebote que ha mostrado el sector en lo corrido de 2025.
Según el gremio, el incremento de los gravámenes arancelarios hasta un techo de 40% para las importaciones de vehículos a gasolina y 35% para los vehículos diésel y las motocicletas, tendría un impacto directo en el valor final de estos productos, afectando la demanda y reduciendo la capacidad adquisitiva de los hogares. Asimismo, podría frenar la recuperación que el sector automotor ha venido mostrando en 2025, tras varios años de contracción.
“Asopartes entiende la necesidad de avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible, pero considera que esta transición debe hacerse de manera gradual, técnica y concertada con el sector. Un aumento abrupto de aranceles no solo encarece el acceso a los vehículos, sino que también incrementa los costos de operación de talleres, almacenes y distribuidores formales que dependen de este mercado”, señaló Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.
El gremio insiste en que medidas de este tipo deben analizarse con una visión integral, considerando su efecto en la competitividad, el empleo y la formalización. La industria automotriz y de autopartes genera más de 70.000 empleos directos, aporta alrededor del 2,5 % al PIB industrial, y dinamiza economías regionales a través de miles de pequeñas y medianas empresas que dependen del mantenimiento y la comercialización de partes y repuestos.
“Asopartes mantiene toda la disposición de trabajar con el Gobierno Nacional para encontrar soluciones conjuntas que promuevan la sostenibilidad sin sacrificar la competitividad ni el bienestar de los consumidores. La transición energética no puede lograrse a costa de los empleos formales y de la movilidad asequible para los colombianos”, agregó Pineda.
El caso tiene como eje el préstamo por 53 millones de euros (US$61 millones) otorgado en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
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