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Pretensiones de litigios del Estado
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Aunque la tasa de éxito de litigios se mantiene por encima de 80%, pasivo por litigiosidad alcanzaría $29 billones al cierre de 2025
A causa de las últimas interacciones entre el Gobierno y los agentes económicos y políticos, se han desencadenado mayores pretensiones de demandas en contra del Estado, conocidas como litigios.
De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recogidas por Anif, las pretensiones por litigios en contra del Estado alcanzaron $752 billones en el primer semestre de 2025, lo que equivale a casi presupuesto y medio con respecto a la propuesta del Ministerio de Hacienda, de $557 billones (1,35 veces).
Un estudio llevado a cabo por el mencionado centro de pensamiento reveló que el número de procesos activos pasó de 13.000 en promedio entre 2015-2020 a 70.000 el año pasado. Aunque la tasa de éxito de litigios se mantiene por encima de 80%, se estima que el pasivo por litigiosidad sume cerca de $29 billones al cierre de 2025.
Esto a partir de la revisión de la distribución de las pretensiones económicas de los litigios entre enero y junio de 2025.
En el primer semestre hubo 979 demandas con pretensiones por caso superiores a $50.000 millones para una pretensión de $576 billones; 32.000 demandas con pretensiones por caso entre $1.000 millones y $50 mil millones, para una pretensión agregada de $127 billones y 246.000 casos con reclamaciones por caso inferiores a $100 millones, que suman en total $30 billones.
A estos se suma que los casos de demandas en el rango de $1.000 millones y $50.000 millones podrían alcanzar un monto de pretensiones totales de $19 billones, teniendo en cuenta que la tasa de éxito es de 51%.
"Lo anterior solamente se logra cuando hay una profesionalización de la carrera judicial y el compromiso en general de que debe existir una jurisprudencia con reglas claras y sobre todo estables en el tiempo, lejos del alcance de cualquier capricho interpretativo".
Si se toman $752 billones de pretensiones de litigios hasta junio, el pasivo de litigiosidad es de $29 billones. Esto tomando como base una tasas de fallo en litigios de 3,85%.
"Aunque estas obligaciones no requieren pagos inmediatos, crean compromisos futuros que superan las capacidades fiscales actuales y del Fondo de Contingencias, montos que podrían incrementarse por intereses de mora bajo las condiciones ya descritas", señaló Anif.
Un litigio en contra del Estado surge cuando particulares o entidades entran en conflicto con instituciones públicas por considerar que sus derechos legales o económicos han sido perjudicados.
Los demandantes acuden a los tribunales, buscando reparaciones por afectaciones causadas por acciones u omisiones estatales, incluyendo decisiones administrativas, expropiaciones, incumplimiento contractuales o medidas regulatorias.
De cara a la reducción del número de litigios en contra del Estado, Sonia Castro, socia de Yepes Castro Estudio Jurídico, resalta que es necesario diferenciar el papel de precedente judicial de las altas cortes en aras de conservar una seguridad jurídica que haga que los litigios no se conviertan en algo recurrente.
"Lo anterior solamente se logra cuando hay una profesionalización de la carrera judicial y el compromiso en general de que debe existir una jurisprudencia con reglas claras y sobre todo estables en el tiempo, lejos del alcance de cualquier capricho interpretativo", dijo Castro.
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