La educación superior al tablero

El profundo impacto de los cambios sociales, económicos, científicos y políticos vividos en las últimas décadas hacen necesario repensar la política pública sobre la educación terciaria que el país necesita.

El mérito del fallido proceso de reforma de la Ley 30 de 1992, que por poco crucificó al relegido presidente Santos, fue el haber puesto en el debate público la discusión sobre la universidad y la educación superior.

Me asalta la duda de si el Presidente y su gabinete solo será capaz de hacer unas reformas cosméticas y superficiales o logrará un cambio que acometa los problemas nodales.

La obligación del Gobierno, entonces, será presentar una propuesta que cuente con el consenso del diagnóstico de la educación superior. Debe tener claros los problemas y entender que las soluciones serán muy diversas y dependerán de enfoques académicos, políticos e ideológicos, e incluso de intereses de grupos y sectores.

Hoy tenemos un sistema completamente dislocado, con una visión dispersa, sin foco ni gerencia y una financiación pobre, al que se le suman mejorables condiciones de calidad, cobertura, equidad, pertinencia e inclusión.

El mayor problema es la falta de una política pública que considere a toda la educación terciaria como un sistema y la desarticulación con la educación media, que prepara más los estudiantes para la presentación de las Pruebas Saber 11 y no para la educación postsecundaria.

Pruebas de esta desarticulación se encuentran a granel: Presenciamos a finales del año pasado como el Ministerio de Salud de forma inconsulta con el Ministerio de Educación y la academia introdujo una propuesta para formar médicos especialistas en los hospitales, desconociendo los exigentes requisitos de investigación que se vienen pidiendo a las universidades

El Sena, en una época, también intentó competir con Colciencias en la formación de doctores y recientemente ha querido prohibir a las empresas las prácticas de estudiantes universitarios; el Ministerio de Agricultura y otras carteras, por su parte, controlan sus recursos de investigación muchas veces por fuera de Colciencias, prácticamente a dedo y los gobernadores, refugiándose en la ley de regalías, pasaron a decidir si es prioritario o no invertir en investigación, relegando el papel de Colciencias.

Pasamos de una política de investigación desfinanciada a una que vive el principio de que quien pone la plata pone las condiciones. El Ministerio de Trabajo intentó monopolizar las bolsas de empleo que las oficinas de graduados tienen para ayudar a sus egresados casi prohibiéndoles hacer esta gestión. Los rectores de Ascún nos levantamos todos los días pensando: ¿De dónde nos reformarán hoy? La tipología de las instituciones de educación superior es un tema también sin resolver. Algunas instituciones técnicas o tecnológicas han buscado su transformación en instituciones universitarias o en universidades produciendo un estancamiento de su razón de ser. Actualmente la sociedad ya no sabe distinguir una universidad de una institución universitaria ni de una técnica y tecnológica.

En conclusión, lo primero que el país debe aclarar es la dimensión de su problema de educación terciaria, que comprende la formación para el trabajo, la técnica, la tecnológica y la universitaria. Cada una de ellas con cometidos propios. La revisión necesariamente tiene que llevar al Gobierno a una evaluación de lo que pasa en la educación media y su articulación con la postsecundaria.

Si no se logra crear un sistema coherente, partiendo de definir lo que se quiere, se hará reformas insulsas y pese al dinero que se invierta no se lograrán los cambios que se necesitan como está pasando con el sistema nacional de regalías que sin duda hará mucho bien, pero que si no se hace de modo articulado no hará la transformación que el país necesita.