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Carlos Hernán Rodríguez, contralor general
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La deuda que tiene el Gobierno y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas llega a $7,6 billones
La Contraloría señaló que la deuda pública en subsidios y pagos pendientes en energía y gas asciende a $7,6 billones, “lo que pone en riesgo la prestación de estos servicios”. También indicó que citaron a una mesa de trabajo a la Superintendencia de Servicios Públicos, y que requerirá de esta información sobre la situación de Air-e, empresa de servicios públicos del Caribe.
El ente afirmó que viene trabajando en mesas conjuntas con los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda a causa de su preocupación por los efectos de la mora en los giros. Por lo cual, arrancó con una mesa de trabajo con la Superservicios y la Procuraduría a través de una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético.
La entidad señaló que el fin de esta comisión es la vigilancia y el monitoreo de problemáticas relacionadas con la prestación de servicios públicos, sobre todo en electricidad y gas.
La deuda que tiene el Gobierno y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios ($7,6 billones) se distribuye en $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón de deuda de usuarios públicos, y $628.000 millones por subsidios de gas combustible, de acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas.
La entidad pidió información detallada a la Superintendencia sobre la intervención de la empresa. En primer lugar, pidió un reporte de los referentes normativos y doctrinales que permitan una “supuesta prohibición de coadministración de las empresas intervenidas”.
También manifestó que se deben dar cuenta sobre los recursos con los que se cuentan en el Fondo Empresarial, el origen de los mismos y a quiénes se atiende con estos.
Luego, pidió información sobre las actuaciones que desplegó la Superintendencia para dar respuesta a la solicitud del agente especial de obtener $2,8 billones y garantizar la operación de la compañía en 2025, así como de la cancelación de las deudas después en el mercado mayorista.
El ente de control expresó que la Superservicios debe indicar las garantías que exigió para el giro de $148.000 millones que otorgó a Air-e a través del Fondo Empresarial.
A todo lo anterior se adicionó que la Contraloría dijo que hay una necesidad de que los subsidios se hagan a quienes más lo necesitan, afirmando que el sistema de estratificación no es el mecanismo más eficiente para la asignación de estos.
"Resulta fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes", concluyó el contralor, Carlos Hernán Rodríguez.
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