Acemi señaló que, si bien la iniciativa busca fortalecer la red hospitalaria y de atención, también tiene deficiencias en el manejo de las EPS

Juan Sebastian Amaya

En una carta dirigida a los ponentes del proyecto de ley que propone una reforma integral al sistema de salud (proyecto de ley 10/Senado de 2020), la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), liderada por Gustavo Morales, advirtió que, si bien la intención del proyecto es fortalecer la participación privada en el sector, algunas de las medidas contenidas en la iniciativa podrían socavar dicho propósito.

En principio, el proyecto busca fortalecer el aseguramiento en salud a cargo de empresas no estatales, al punto que modifica incluso el nombre de las actuales EPS, para denominarlas ahora Aseguradoras de Salud (AS). Tales entidades deben cuidar la salud de sus afiliados, aplicando los mejores estándares internacionales de la gestión del riesgo en salud.

"A juicio de la Asociación que representa a las principales aseguradoras de salud del país, es un paso muy importante en la dirección correcta", dice la carta.

Sin embargo, Acemi señaló en la iniciativa podría debilitar el principio de aseguramiento privado que se pretende precisamente fortalecer.

Entre los aspectos preocupantes del proyecto, el gremio señaló que se desaprovecha la oportunidad para precisar que la prima que se recibe por gestionar el riesgo en salud de los usuarios del sistema es un ingreso de las aseguradoras, que debe someterse a la más estricta regulación prudencial propia de las reglas mundialmente aceptadas que rigen a las compañías de seguros, y no constituye la mera y superficial administración de un recurso público.

Además, no se fijan con claridad los límites del plan de beneficios cubierto por la prima, lo que pone el riesgo el carácter asegurador del sistema, pues no está clara la correspondencia entre lo que se cubre y la suma destinada para esas protecciones.

El proyecto impone un único modelo de atención homogéneo para todas las aseguradoras, con la cual se renuncia a la posibilidad de que compitan entre sí ofreciendo distintos modelos de atención que permitan la libre escogencia por parte de los usuarios.

Finalmente, al establecer que el Estado girará por regla general todos los pagos directamente a los prestadores, amarra injustificadamente a las aseguradoras, pues les impide acordar modelos innovadores de contratación y pago, contratar servicios con empresas que no son exactamente prestadoras de salud, pero que pueden contribuir al mejoramiento integral de la salud de los usuarios (servicios digitales o alimienticios, por ejemplo), y restringe la posibilidad de hacer un manejo prudencial y financieramente sensato de los recursos.