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En las últimas semanas Acemi y la Cámara de Salud de la Andi también manifestaron que se debe garantizar la liquidez del sector
Con la aprobación en el Congreso de la República de la adición presupuestal, se le asignaron $2,02 billones al sector Salud. Aun así, la preocupación en el sector continúa ante una posible desfinanciación del sistema. Esta vez, Gestarsalud se sumó al llamado, pues asegura que de darse ese escenario, la población más enferma tiene mayor riesgo real de no contar con los tratamientos que requiere.
Según el análisis de la entidad, en el régimen subsidiado se viene observando un aumento acelerado en el comportamiento de las frecuencias de atenciones, que se mantuvo incluso después los dos años de pandemia.
De acuerdo con los datos con corte a abril de 2023, algunas entidades prestadoras del servicios presentaron una siniestralidad que superó 110%. En cuanto al gasto administrativo que, según el artículo 23 de la Ley 1438 de 2011, puede ser de máximo 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo, fue en promedio de 5,3% para el mismo corte en las EPS agremiadas en Gestarsalud.
Así, se observa que las EPS están gastando en promedio siete puntos porcentuales por encima de los recursos recibidos por concepto de UPC. Es decir, por cada $100 recibidos por concepto de UPC, las agremiadas están gastando $107 para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de sus afiliados.
Los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas por las EPS para gestionar la siniestralidad y optimizar el gasto administrativo y los esfuerzos del Estado por hacer cada vez más inversión en salud.
Cabe resaltar que esta tendencia sostenida de aumento en las frecuencias de uso también se observa al analizar el comportamiento de un grupo de eventos en salud que presentan una alta prevalencia en el país y que tienen un importante impacto en el gasto.
También aseguran que la perspectiva de una reforma a la salud ha hecho que las personas quieran acceder con más frecuencia a servicios de salud que pueden ser programados, o han vuelto a controles, lo cual se encuentra soportado en la información publicada por el Ministerio de Salud en los registros individuales de atención.
De hecho, en la encuesta de Polimétrica de Cifras & Conceptos, realizada en junio de este año, 25% de los encuestados respondió que ha aumentado el uso o solicitud de citas, exámenes o procedimientos ante una eventual eliminación de las EPS en el marco de la reforma a la salud.
Con este panorama, Carmen Eugenia Dávila, directora ejecutiva de Gestarsalud, señaló que “Todos los fenómenos están ocurriendo casi en simultaneo y esto hace necesaria la revisión de la UPC durante la vigencia, para evitar daños irreparables a los afiliados y a las instituciones”. Dávila agregó que "hablar de $1,5 billones faltantes este año solo para cubrir el aseguramiento en salud debe ser un campanazo para todos y prender todas las alarmas. Este debe ser el primer tema urgente a atender".
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