MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El ministro de Educación, Daniel Rojas, habló de la reforma a la Ley 30 de 1992, del impuesto al patrimonio que se le cobró a las universidades y de la asignación de recursos
La educación, desde la pandemia, empezó a enfrentar de forma gradual un problema que tendrá mayores magnitudes: cada vez hay menos nacimientos. Esto se traduce en una menor cantidad de niños que accederán a jardines y colegios y, posteriormente, en menos jóvenes que se vincularán a instituciones de educación superior.
Pese a los retos, este sector se ha convertido en el epicentro de la política pública y, para 2027, sería el de mayor asignación presupuestal, con cerca de $90 billones. Además, a comienzos de marzo fue sancionada la Ley 2568 de 2026, con la que se reformó la Ley 30 de 1992, norma fundamental que organiza el servicio público de la educación superior.
En Inside LR, Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, habló sobre los principales cambios que esta reforma tendrá para la educación pública, la crisis de natalidad, así como su postura en torno al impuesto al patrimonio a las personas jurídicas decretado durante la Emergencia Económica.
La tasa de natalidad ha disminuido de forma sustancial en los últimos 10 años y se espera que, en el mediano plazo, la pirámide poblacional empiece a invertirse. Esto tiene incidencia en el sector educativo, especialmente en preescolar y básica, y más adelante en la media. Sin embargo, también representa una oportunidad.
Hay desfinanciación en la educación, y la preescolar y básica no son la excepción. Una encuesta del Fondo de Infraestructura Escolar señala que el déficit ronda los $200 billones. Este déficit se concentra, sobre todo, en la ruralidad. En muchos municipios, las instituciones presentan condiciones precarias: techos deteriorados, falta de baterías sanitarias dignas, cocinas inadecuadas o incluso clases al aire libre por falta de aulas.
En ese contexto, la reducción de la natalidad puede permitir redirigir recursos para cerrar esas brechas. Por ejemplo, en el programa de alimentación escolar, si hoy la cobertura es de 85%, en el corto plazo se podría alcanzar 100%, garantizando que ningún niño estudie sin acceso a una comida. También es una oportunidad para mejorar la calidad. Colombia está por debajo de los estándares de la Ocde y una menor cantidad de estudiantes puede facilitar una mejor asignación de recursos.
Estamos viendo un fenómeno que tiene mayor incidencia en jardines y colegios privados, aunque también se presenta un desplazamiento hacia el sector público. En ese sentido, las instituciones públicas aún no resienten con la misma intensidad este cambio poblacional, mientras que las privadas sí.
Estoy en desacuerdo con ese impuesto y le solicité al ministro de Hacienda una mesa técnica para discutirlo. Tuvimos una primera conversación y, por la situación reciente con el Banco de la República, tuvimos que aplazar la segunda reunión, que iba a ser más profunda.
En principio, el ministro señala que el impuesto aplica a las entidades sin ánimo de lucro, y las universidades lo son. Sin embargo, lo que se espera recaudar por este impuesto, en lo que respecta a las universidades, es muy poco. Aunque su espíritu está dirigido a otras entidades, termina afectando a las universidades privadas, y eso fue lo que le planteé.
Hoy, las universidades privadas compiten por precio y calidad, lo que saca del mercado a instituciones que no ofrecen estándares adecuados. Este impuesto altera esa dinámica y puede afectar a universidades de rango medio, que tienen una buena relación entre costo y calidad, especialmente para estudiantes de estratos medios.
Si se aplica el impuesto al patrimonio, ese costo se trasladará a las matrículas y afectará la lógica que buscamos mantener. Por eso, las universidades privadas han propuesto un mecanismo, a través de la Dian, para salvaguardarse de este impacto. Voy a respaldar esa iniciativa y discutirla con el ministro de Hacienda.
La matrícula en universidades privadas ha crecido, pasando de 1,34 millones de estudiantes en 2022 a 1,40 millones en 2024. Esperamos que esta tendencia continúe en 2025. Además, estamos fortaleciendo con ellas un programa denominado ecosistema empático de educación superior, que les permite acceder a recursos orientados a investigación, docencia e incidencia, alineados con los motores de desarrollo del Gobierno: la reforma agraria, la industrialización y la transición energética
Lo que sucedía era que la Ley 30 establecía que los recursos para las universidades públicas debían crecer, año tras año, según el Índice de Precios al Consumidor, IPC. Sin embargo, el IPC refleja la variación de precios de una canasta básica de bienes y servicios, mientras que los costos de la educación superior son más altos y tienen mayores complejidades.
La reforma que logramos es sencilla: en lugar de usar el IPC como mecanismo de indexación para programar los recursos, se utilizará el Índice de Costos de la Educación Superior, que refleja lo que realmente cuesta una universidad pública. Además, se incorpora un elemento contracíclico: en los casos en que el IPC supere este índice, se utilizará la inflación.
También vinculamos a la Ley 30 instituciones de educación superior que estaban por fuera de estos mecanismos de financiación, en particular las técnicas y tecnológicas. Estar por fuera significaba que no tenían la posibilidad legal de acceder a financiación pública.
La tasa de cobertura en la educación superior pasó de 52% a 59,7%, es decir, estamos cerca de 60%. Y hay que decirlo con total sinceridad: tanto las universidades públicas como las privadas han aumentado su cobertura. El sistema universitario estatal ha crecido, pero también lo han hecho las privadas, con un incremento en la matrícula.
Colombia requiere un sistema mixto. No se trata únicamente de un modelo estatal y público, sino de complementariedad, ya que el sector público no tiene la capacidad de absorber toda la demanda existente en el país.
En educación superior, las transferencias a las instituciones públicas pasaron de $8,3 billones a $14 billones en 2025. Creemos que, de cara a 2026, el anteproyecto que hoy diseñamos, correspondiente al presupuesto de 2027, también requerirá definir un mecanismo de transferencias y distribución. Este aumento de 55,8% tiene una lógica distributiva orientada a cerrar brechas de desigualdad. Existen algunas realidades que inciden en los mecanismos de financiación de las universidades públicas.
Es economista de la Universidad Santo Tomás, con estudios de maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con experiencia en formulación de proyectos, investigación, implementación y evaluación de políticas públicas poblacionales. Ha ocupado roles clave en instituciones gubernamentales, como asesor en política pública en la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá y en el Senado de la República, con énfasis en políticas macroeconómicas. Además, fue coordinador de empalme del gobierno y jefe coordinador del diseño del programa de gobierno.
Ventas externas de productos agroindustriales crecieron 20,2% y las de industria automotriz 64,2% frente a enero-febrero de 2025
Fedegan explicó que el factor que subió el precio interno de la proteína fue el mayor consumo de hogares, por el ingreso disponible que implicó alza en el salario mínimo
La expectativa inflacionaria más alta la dio Banco Santander, con 5,64%, mientras que la más baja fue la de Banco de Occidente, con 5,35%. Por su parte, los servicios ejercerán la mayor presión sobre el dato
