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A finales del mes estaría listo el informe del equipo estructurador.
Al cumplirse un año de la resolución administrativa que fijó la intervención de Electricaribe S.A., el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, señaló las medidas que implementará el Gobierno para asegurar la prestación del servicio mientras se conocen las recomendaciones por parte del equipo estructurador liderado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que estarían listas a finales de este mes.
La primera medida incluyó un desembolso de $135.000 millones, obtenido por virtud de una garantía soberana del Ministerio de Hacienda al Fondo Empresarial de la Superservicios, con el que se garantiza que Electricaribe pueda comprar la energía que distribuye a las siete capitales de la costa Caribe.
Esta cifra se añade a $150.000 millones que recibió previamente de la Superservicios en el marco del esquema de garantías que se diseñó el año pasado y que busca suplir la función de los bancos, según explicó el superintendente.
“El Gobierno depositará $135.000 millones adicionales en ese esquema de garantías alternativas. Con eso creemos que Electricaribe suple sus necesidades financieras para la compra de energía de aquí hasta finales de 2018, aproximadamente”, afirmó Mendoza.
En relación con el plan de inversiones, el superintendente indicó que, como segunda medida, se hará una nueva solicitud de una garantía soberana “por las sumas que se requiera” para que Electricaribe pueda empezar invertir en el mantenimiento de subestaciones, en el reemplazo de los transformadores y, en general, a mejorar la red de distribución, “en preparación a la llegada del nuevo operador u operadores”. Dicho monto será establecido a través de un documento Conpes.
“En apenas un año logramos poner en marcha la intervención más compleja en la historia del sector eléctrico colombiano”.
Otras de las medidas que implementará la Superservicios en lo que denomina la recta final de la intervención de Electricaribe son la conformación de un comité de supervisión al igual que la adopción, por parte de la compañía, de medidas de gobierno corporativo “para asegurar la buena utilización de los recursos”.
Al respecto, María José Vengoechea, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB), señaló que la “inyección de nuevos recursos, del orden de $135.000 millones, para financiar la operación de Electricaribe, la conformación de un comité de supervisión y la introducción de medidas de gobierno corporativo, son acciones que aseguran la buena marcha de la compañía durante la etapa final del proceso de intervención”.
El superintendente también señaló que con el pago oportuno de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía hay recursos adicionales que ayudan a “limpiar las necesidades de caja de la compañía”. Tal es el caso de la resolución que salió el viernes 10 de noviembre que aprobó $67.000 millones a Electricaribe.
Otros recursos adicionales vienen por cuenta de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad que destinó $120.000 millones en modalidad de crédito para el mejoramiento de la red y algunas subestaciones. Dicho monto se entregará a través de la banca.
Durante su intervención, el superintendente también se refirió a que Electricaribe ha reducido su exposición en bolsa (pasó de casi 65% a estar por debajo de 30%), lo cual “la inmuniza parcialmente ante una nueva sequía”.
Es importante recordar que, en diálogo con LR, Javier Lastra interventor de Electricaribe contó que hasta septiembre la cifra de ingresos durante la intervención llegó a $3,9 billones. En lo que se refiere a Foes (Fondo de Energía Social), subsidios y devolución de impuestos, es del orden de $3,3 billones.
Por el lado de los pagos, el valor llegó a $3,81 billones, ocupando el mayor porcentaje los generadores, con 38%, y XM, operador del Sistema Interconectado Nacional con 29,8%.
Pero, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), al cierre de septiembre, Electricaribe acumuló acreencias por más de $3,09 billones, lo que, en términos generales, prendió las alarmas sobre las posibles amenazas e incertidumbres que se pueden dar en la prestación del servicio.
Sobre este tema, Mendoza hizo énfasis en que se tomó nota de las conclusiones y espera que con estas medidas “se envíe un mensaje de tranquilidad”.
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