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Colfecar advirtió que exportaciones con Ecuador dependen 72% del transporte terrestre
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El gremio cuestionó el cobro de $4.235 por tonelada de carga transportada desde o hacia las terminales portuarias y advirtió sobre el impacto que tendría en los costos logísticos
Colfecar rechazó el nuevo cobro establecido por la Alcaldía de Buenaventura mediante el Decreto Distrital 0338 de 2026, que fija un “precio público por circulación” de $4.235 por cada tonelada de carga transportada desde o hacia las terminales portuarias del Distrito.
Según la entidad gremial, para un tractocamión que movilice 30 toneladas, la medida representaría un costo adicional cercano a $127.050 por operación. Colfecar señaló que este nuevo cobro llega en un momento en el que los transportadores ya enfrentan mayores costos de operación, problemas de congestión, restricciones a la movilidad e ineficiencias en la operación portuaria.
El Decreto 0338, expedido el 26 de agosto de 2026, establece que el cobro aplicará a los vehículos de carga pesada que transporten mercancías desde o hacia los terminales portuarios de Buenaventura. La tarifa será calculada con base en las toneladas transportadas y se actualizará anualmente de acuerdo con la variación del IPC.
La norma señala que los recursos serán destinados exclusivamente a proyectos de movilidad e infraestructura relacionados con la circulación vehicular y la mitigación de impactos ambientales, de seguridad vial y de deterioro de la infraestructura ocasionados por el transporte de carga. Entre las destinaciones previstas están la construcción de proyectos viales, el mantenimiento de los existentes y la reparación de la malla vial urbana afectada por el tráfico pesado.
Sin embargo, Colfecar considera que existen dudas sobre la metodología utilizada para establecer la tarifa. El gremio pidió conocer de manera integral el Estudio Técnico, Financiero y de Movilidad elaborado en 2024 y cuestionó la relación entre las toneladas transportadas y la congestión vehicular que, según la Alcaldía, busca atender la medida.
“Si el propósito de la medida es gestionar la congestión y la circulación vehicular, el Distrito debe explicar técnicamente por qué el cobro se determina en función de las toneladas de mercancía transportadas”, sostuvo Colfecar.
El gremio también pidió claridad sobre las obras que se financiarían con los recursos, cuánto se proyecta recaudar, cuáles serían los cronogramas y qué mecanismos se utilizarían para evitar que los transportadores terminen financiando más de una vez soluciones relacionadas con una misma infraestructura.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con las competencias sobre las vías que utilizan los vehículos de carga. Colfecar señaló que varias de las principales rutas corresponden a la Nación, a través de entidades como la ANI y el Invias, mientras que el acceso al puerto de Aguadulce está a cargo de la Gobernación del Valle, por lo que cualquier participación de recursos distritales requeriría los instrumentos jurídicos correspondientes.
El gremio advirtió sobre una posible duplicidad de cobros. Por un lado, los transportadores pagan el peaje de Loboguerrero, cuyos recursos hacen parte de la estructura financiera del proyecto concesionado Buga–Loboguerrero–Buenaventura. Por otro, el sector aporta mediante la sobretasa nacional al Acpm, cuya destinación legal incluye el mantenimiento de la Red Vial Nacional y las redes viales departamentales.
Para Colfecar, antes de crear nuevos cobros debería avanzarse en las obras que ya cuentan con responsables, contratos y fuentes de financiación. El gremio pidió a la Alcaldía apoyar al Gobierno Nacional en el desarrollo de las unidades funcionales 2, 3 y 4 del proyecto Buga–Buenaventura, que contempla, entre otras obras, 3,5 kilómetros de puesta a punto y 6,5 kilómetros de segunda calzada en la vía alterna.
El gremio también alertó que los mayores costos no se quedarían exclusivamente en las empresas de transporte, sino que podrían trasladarse a los demás integrantes de la cadena logística, incluidos importadores, exportadores, generadores de carga, industria y comercio, con un eventual efecto sobre los precios de bienes y materias primas.
Colfecar solicitó a la Alcaldía de Buenaventura suspender la implementación y el recaudo del cobro mientras se desarrolla la Mesa Institucional de Concertación y se realiza una revisión técnica, jurídica y económica integral del decreto.
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