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Guillermo Herrera, presidente de Camacol
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“El país necesita claridad técnica y legal en el debate sobre vivienda de interés social”, advirtió Camacol al responder al presidente Gustavo Petro
La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, señaló que el precio máximo de este tipo de vivienda aumentó 76%, casi tres veces más que en administraciones anteriores. Para el gremio, esta cifra evidencia que el problema no se resuelve con controles de precios, sino con decisiones técnicas que atiendan los costos reales del sector.
“El país necesita claridad técnica y legal en el debate sobre vivienda de interés social”, advirtió Camacol al responder al presidente Gustavo Petro. En su pronunciamiento, el gremio sostuvo que imponer controles de precios a la VIS no protege al comprador, sino que reduce la oferta, encarece el mercado y pone en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario.
Camacol explicó que el fuerte aumento del precio máximo de la VIS está estrechamente ligado al comportamiento del salario mínimo legal vigente. Según el gremio, los costos laborales representan entre 20% y 25% de la estructura de costos de un proyecto, y su impacto no se limita a la mano de obra directa. “El aumento del salario mínimo también eleva el precio de los materiales de construcción”, señaló.
En conjunto, la mano de obra y los materiales concentran cerca de 70% del costo directo de una vivienda VIS. Por esta razón, Camacol advirtió que los nuevos proyectos podrían enfrentar incrementos de costos de entre 10% y 15%, una cifra muy superior a la estimada en algunos planteamientos oficiales. “Que el costo laboral sea 20% o 25% no lo vuelve marginal”, enfatizó el gremio.
Frente a los señalamientos sobre el impacto inmediato del salario mínimo, Camacol aclaró que nadie ha dicho que los ajustes salariales encarezcan automáticamente las viviendas ya vendidas. El riesgo, insistió, está en la oferta futura. “Frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, mayor presión sobre los arriendos y la vivienda usada”, indicó.
El gremio también cuestionó el proyecto de decreto que propone fijar el precio de la VIS en pesos desde la separación del inmueble y prohibir cualquier ajuste hasta la escrituración. A su juicio, esta medida equivale a un control de precios y genera inseguridad jurídica que afecta las decisiones de inversión en el sector constructor.
Además, Camacol rechazó la idea de que vender vivienda en salarios mínimos sea ilegal. “La ley permite precios ciertos o determinables, y los topes VIS en salarios mínimos están definidos en el propio Plan Nacional de Desarrollo. Tope no es igual a precio”, recordó, al señalar que más de 60% de la VIS se comercializa por debajo del límite máximo permitido.
El gremio agregó que en los últimos años, 55.000 hogares desistieron de comprar vivienda y más de 70.000 familias quedaron en el limbo tras la suspensión del programa Mi Casa Ya. Para Camacol, estas cifras confirman que las decisiones recientes no han protegido a las familias de menores ingresos. “Las expulsan del mercado formal de vivienda”, concluyó.
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