Camacol afirmó que el Gobierno pretende imponer un control de precios a la vivienda VIS

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, alertó sobre el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que plantea establecer el precio de la Vivienda de Interés Social, VIS, únicamente en pesos colombianos y eliminar su referencia al salario mínimo desde las fases iniciales de comercialización. Según el dirigente, “el Gobierno pretende imponer un control de precios a la VIS”.

Desde la óptica del gremio constructor, la intención de marcar precios desde el inicio no resulta adecuada, ya que el precio final de una vivienda depende de múltiples factores.

Herrera advirtió que cambiar las condiciones de fijación del precio desde las etapas iniciales afectaría el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, entre ellos los subsidios de las cajas de compensación y de las entidades territoriales, así como las condiciones de crédito y las tasas de interés preferenciales.

También se señaló que, en este contexto, lo que busca el Gobierno es eliminar los topes existentes, afectando las políticas de regulación urbana. Insistió en que el precio de la vivienda depende de su proceso de producción y no puede estar dada desde el principio, debido a los factores que alteran los precios de construcción. Añadió que los topes no son excesivos ni pueden ser únicos, pues son propios de cada proyecto y están definidos dentro del marco legal.

Ese marco establece los precios de la VIS y la VIP en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, que obliga a que en cada Plan Nacional de Desarrollo se definan los tipos y precios máximos de la vivienda de interés social. Este mandato también está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, donde se fijan varias categorías: vivienda VIP hasta 90 salarios mínimos, VIS hasta 135 salarios mínimos y VIS especiales en algunas ciudades con topes de hasta 150 salarios mínimos.

El dirigente reiteró que con el mecanismo anterior se garantizaba que el precio no estuviera por encima del tope y recordó que el Gobierno, en su plan de desarrollo, ya había mantenido la referencia al Smmlv. Además, citó que el código civil establece que el precio puede ser determinado o determinable y advirtió que los costos de construcción, no los precios, para un proyecto nuevo se incrementarían entre 10% y 15%.

Finalmente, con la visión del gremio sobre la mesa, Herrera afirmó que “la vivienda en Colombia no se debe vender como si fuera una gaseosa”, utilizando una analogía para explicar su postura frente a la comercialización del sector.