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Minhacienda radicó nuevamente la Ley de competencias
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La iniciativa de ley de competencias propone que, en un periodo de transición de 12 años, el SGP pase de representar 29,5% a 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación
Luego de hundirse en la legislatura pasada, el gobierno volvió a radicar ante el Congreso el proyecto de ley de competencias, considerado una de las iniciativas más importantes para reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, aprobada en 2024.
La propuesta define cómo se distribuirán los recursos y las competencias entre la Nación y las entidades territoriales. El principal cambio que plantea es un aumento gradual de los recursos que recibirán los departamentos y municipios.
“No se trata únicamente de distribuir recursos a través del SGP, sino de definir claramente las competencias de municipios y departamentos, establecer con qué recursos cuentan y fortalecer el control social sobre las inversiones”, aseguró Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, FND.
Actualmente, el Sistema General de Participaciones representa 29,5% de los ingresos corrientes de la Nación, ICN, porcentaje que aumentará gradualmente hasta 39,5% al término de un período de transición de 12 años. La diferencia de 10 puntos porcentuales se distribuirá en incrementos iguales durante ese lapso.
Por otro lado, la iniciativa crea dos componentes dentro del SGP. El primero corresponde al SGP Primario, que mantiene la estructura tradicional con la que actualmente se distribuyen las transferencias nacionales. De esos recursos, 96% continuará destinándose a sectores sociales: 58,5% para educación, 24,5% para salud, 11,6% para propósito general y 5,4% para agua potable y saneamiento básico.
Otro 4% corresponderá a asignaciones especiales, entre ellas 2,9% para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, 0,52% para los resguardos indígenas legalmente constituidos, 0,5% para el Programa de Alimentación Escolar en municipios y distritos y 0,08% para los municipios ribereños del río Magdalena.
Ante esto, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, aseguró que muchas normas se construyen desde una visión centralista, sin tener en cuenta las capacidades de los departamentos y municipios.
Por otro lado, el segundo componente será el SGP Incremental, integrado exclusivamente por los recursos adicionales que se generen como resultado del crecimiento gradual del Sistema General de Participaciones.
Este establece que 1% se asignará a los resguardos indígenas y otro 5% alimentará el nuevo Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales, creado para reducir el impacto de eventuales caídas en los ingresos.
“La participación que tenemos como territorios termina siendo una dificultad, porque cada vez tenemos más competencias sin la capacidad de ejecutarlas”.
“La infraestructura social tiene un déficit cercano a $130 billones. Las RAP son un instrumento clave para articular esfuerzos interinstitucionales y transformar las regiones”.
Del saldo restante, 80% deberá destinarse al cierre de brechas regionales, mientras que 20% restante se distribuirá entre propósito general, con una participación de 70%, y desarrollo económico, con 30%.
Además del cambio en la destinación de los recursos, la iniciativa modifica los criterios para su distribución.
El proyecto incorpora variables como el cierre de brechas, las necesidades territoriales, la categoría de cada entidad territorial y las capacidades institucionales de departamentos, distritos y municipios.
Esto significa que la asignación de una parte de los recursos dejará de depender únicamente de variables tradicionales, como la población o la distribución sectorial, y también tendrá en cuenta la capacidad de gestión y las condiciones de cada territorio.
Por último, uno de los principios que orienta la iniciativa es que las nuevas competencias deberán estar respaldadas por financiación. En otras palabras, ninguna entidad territorial podrá asumir nuevas funciones sin recibir simultáneamente los recursos necesarios para ejercerlas y que la transferencia de competencias se realizará de manera gradual.
El proyecto iniciará ahora su trámite en el Congreso, donde deberá superar cuatro debates para convertirse en ley y reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones aprobada en 2024. Sin embargo, al gobierno le quedan menos de dos semanas.
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