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El proyecto desarrolla la reforma constitucional aprobada en 2024, que estableció el incremento gradual de las transferencias del Sistema General de Participaciones
El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el proyecto de ley de competencias, una iniciativa con la que busca reglamentar la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, y definir cómo se distribuirán los recursos y las responsabilidades entre la Nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los territorios indígenas.
El proyecto desarrolla la reforma constitucional aprobada en 2024, que estableció el incremento gradual de las transferencias del Sistema General de Participaciones.
La iniciativa propone que, durante un período de transición de 12 años, el SGP pase de representar 29,5% a 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, con un aumento progresivo que se distribuirá en partes iguales cada año.
Uno de los principales cambios es la creación de dos componentes dentro del sistema. El primero será el Sistema General de Participaciones Primario, que corresponde a la base tradicional de las transferencias, mientras que el segundo será el Sistema General de Participaciones Incremental, que administrará exclusivamente los recursos adicionales derivados del aumento gradual de la participación de las regiones en los ingresos de la Nación.
El articulado también establece cómo se distribuirán esos nuevos recursos. Inicialmente, 1% se destinará a los resguardos indígenas y 5% al Fondo de Estabilización de Ingresos Territoriales.
Del saldo restante, 80% deberá orientarse al cierre de brechas sociales, económicas e institucionales, mientras que el 20% se distribuirá entre propósito general, con una participación de 70%, y desarrollo económico, con 30% restante.
En cuanto al SGP Primario, el proyecto mantiene una distribución sectorial en la que 58,5% de los recursos se destinarán a educación, 24,5% a salud, 11,6% a propósito general y 5,4% a agua potable y saneamiento básico.
Además, 4% restante corresponderá a asignaciones especiales, entre ellas recursos para el Fonpet, los resguardos indígenas, el Programa de Alimentación Escolar y los municipios ribereños del río Magdalena.
La iniciativa también redefine la relación entre la Nación y las entidades territoriales. Mientras el Gobierno conservará la rectoría, regulación y seguimiento de sectores como salud, educación y agua potable, departamentos y municipios asumirán mayores responsabilidades en la prestación de servicios, la ejecución de programas y la administración de recursos.
El proyecto establece además que las nuevas competencias deberán transferirse de manera gradual y acompañadas de la financiación necesaria para garantizar su implementación.
El proyecto comenzará ahora su trámite en el Congreso, luego de que una primera versión presentada en diciembre de 2025 no lograra superar el proceso legislativo.
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