MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El Gobierno insiste en que está “transformando” la política habitacional, pero los números cuentan otra historia: metas incumplidas, promesas rotas y un desplome sin precedentes en el sector que más empleos genera en Colombia. Con el fracaso en su meta de mejoramiento de vivienda -más del 90% sin ejecutar-, la Casa de Nariño expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, norma que quiebra el orden legal y constitucional, abre la puerta a la discrecionalidad y despierta sospechas sobre el uso electoral de recursos públicos a meses de contiendas políticas.
Cuando inició este gobierno, prometió un millón de viviendas nuevas y 400.000 mejoramientos. Tres años después, ni una ni otra meta se acercan a cumplirse. La VIS se contrajo, la demanda se afectó, los subsidios se congelaron y las iniciaciones de obra cayeron a niveles críticos. La vivienda social quedó prácticamente paralizada. Los hogares más afectados fueron las familias de estratos medios y bajos, para quienes la compra de vivienda es el proyecto patrimonial más importante de sus vidas. Recibieron incertidumbre, tasas de financiamiento altas y trámites inconexos.
El deterioro es el resultado de una ejecución errática, de decisiones contradictorias y de una política que se quedó en los discursos mientras el país real se hundía en desistimientos y retrasos. La tasa de iniciaciones de VIS está muy baja y miles de familias perdieron su oportunidad de comprar vivienda formal porque el Estado les falló.
Vale recordar que la construcción no es solo ladrillo: es economía pura y política social aplicada. Cada vivienda jalona la economía con más de 130 subsectores, genera empleo y dinamiza ciudades. Cada subsidio bien ejecutado se convierte en patrimonio para hogares que jamás habrían podido acceder a vivienda sin subsidio a la cuota inicial y a créditos sin apoyo estatal. Al frenar este motor, el Gobierno empujó hacia la informalidad a miles de familias.
En este contexto, aparece el Decreto 1166, como aparente solución al fracaso en mejoramiento. Es regresivo. Sustituye la licencia de construcción -herramienta de control urbano, técnico y estructural- por una “carta de responsabilidad” suscrita por el propietario. En un país sísmico, donde la calidad de la vivienda determina la vida o la muerte, esta medida no es simplemente equivocada: es peligrosa.
El decreto evade el orden urbanístico, desconoce la reserva legal en materia de licenciamiento y arrebata competencias a los municipios. Abre un boquete para la expansión de obras sin supervisión. La Corte Constitucional ha sido clara: la vivienda digna incluye habitabilidad, estabilidad y seguridad. ¿Cómo garantiza eso un documento sin inspección, sin verificación técnica y sin responsable profesional independiente? No lo garantiza.
Lejos de resolver problemas, el decreto crea otros: abre la puerta a la politización de subsidios, discrecionalidad en obras y uso clientelista de recursos. El Decreto 1166 no avanza en vivienda; retrocede décadas en seguridad, institucionalidad y orden urbano. La vivienda digna exige rigor, profesionalismo y Estado. Lo que no exige -ni merece- es improvisación con efectos electorales.
Ser mamá ha sido el reto más grande y más transformador de mi vida. Me ha obligado a crecer, a revisar mis prioridades, a entender que la verdadera fortaleza no siempre está en controlar, sino, muchas veces, en cuidar
El daño que se han causado las campañas de Abelardo y Paloma podría ser irreversible. He escuchado a electores de ambas campañas decir que en segunda vuelta no acompañarán la propuesta de derecha si pasa el competidor
Podemos equivocarnos en algunas predicciones, pero es claro que desde hace una década el mundo del trabajo y el de la energía transitan caminos que el sindicalismo debe recorrer. Durante la pandemia, muchos contenidos de la negociación colectiva a nivel empresarial se renovaron
