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El Gobierno insiste en que está “transformando” la política habitacional, pero los números cuentan otra historia: metas incumplidas, promesas rotas y un desplome sin precedentes en el sector que más empleos genera en Colombia. Con el fracaso en su meta de mejoramiento de vivienda -más del 90% sin ejecutar-, la Casa de Nariño expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, norma que quiebra el orden legal y constitucional, abre la puerta a la discrecionalidad y despierta sospechas sobre el uso electoral de recursos públicos a meses de contiendas políticas.
Cuando inició este gobierno, prometió un millón de viviendas nuevas y 400.000 mejoramientos. Tres años después, ni una ni otra meta se acercan a cumplirse. La VIS se contrajo, la demanda se afectó, los subsidios se congelaron y las iniciaciones de obra cayeron a niveles críticos. La vivienda social quedó prácticamente paralizada. Los hogares más afectados fueron las familias de estratos medios y bajos, para quienes la compra de vivienda es el proyecto patrimonial más importante de sus vidas. Recibieron incertidumbre, tasas de financiamiento altas y trámites inconexos.
El deterioro es el resultado de una ejecución errática, de decisiones contradictorias y de una política que se quedó en los discursos mientras el país real se hundía en desistimientos y retrasos. La tasa de iniciaciones de VIS está muy baja y miles de familias perdieron su oportunidad de comprar vivienda formal porque el Estado les falló.
Vale recordar que la construcción no es solo ladrillo: es economía pura y política social aplicada. Cada vivienda jalona la economía con más de 130 subsectores, genera empleo y dinamiza ciudades. Cada subsidio bien ejecutado se convierte en patrimonio para hogares que jamás habrían podido acceder a vivienda sin subsidio a la cuota inicial y a créditos sin apoyo estatal. Al frenar este motor, el Gobierno empujó hacia la informalidad a miles de familias.
En este contexto, aparece el Decreto 1166, como aparente solución al fracaso en mejoramiento. Es regresivo. Sustituye la licencia de construcción -herramienta de control urbano, técnico y estructural- por una “carta de responsabilidad” suscrita por el propietario. En un país sísmico, donde la calidad de la vivienda determina la vida o la muerte, esta medida no es simplemente equivocada: es peligrosa.
El decreto evade el orden urbanístico, desconoce la reserva legal en materia de licenciamiento y arrebata competencias a los municipios. Abre un boquete para la expansión de obras sin supervisión. La Corte Constitucional ha sido clara: la vivienda digna incluye habitabilidad, estabilidad y seguridad. ¿Cómo garantiza eso un documento sin inspección, sin verificación técnica y sin responsable profesional independiente? No lo garantiza.
Lejos de resolver problemas, el decreto crea otros: abre la puerta a la politización de subsidios, discrecionalidad en obras y uso clientelista de recursos. El Decreto 1166 no avanza en vivienda; retrocede décadas en seguridad, institucionalidad y orden urbano. La vivienda digna exige rigor, profesionalismo y Estado. Lo que no exige -ni merece- es improvisación con efectos electorales.
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Un país de regiones como el nuestro debe diseñar su proceso de desarrollo fundamentándose en el conocimiento avanzado
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