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El Gobierno insiste en que está “transformando” la política habitacional, pero los números cuentan otra historia: metas incumplidas, promesas rotas y un desplome sin precedentes en el sector que más empleos genera en Colombia. Con el fracaso en su meta de mejoramiento de vivienda -más del 90% sin ejecutar-, la Casa de Nariño expidió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, norma que quiebra el orden legal y constitucional, abre la puerta a la discrecionalidad y despierta sospechas sobre el uso electoral de recursos públicos a meses de contiendas políticas.
Cuando inició este gobierno, prometió un millón de viviendas nuevas y 400.000 mejoramientos. Tres años después, ni una ni otra meta se acercan a cumplirse. La VIS se contrajo, la demanda se afectó, los subsidios se congelaron y las iniciaciones de obra cayeron a niveles críticos. La vivienda social quedó prácticamente paralizada. Los hogares más afectados fueron las familias de estratos medios y bajos, para quienes la compra de vivienda es el proyecto patrimonial más importante de sus vidas. Recibieron incertidumbre, tasas de financiamiento altas y trámites inconexos.
El deterioro es el resultado de una ejecución errática, de decisiones contradictorias y de una política que se quedó en los discursos mientras el país real se hundía en desistimientos y retrasos. La tasa de iniciaciones de VIS está muy baja y miles de familias perdieron su oportunidad de comprar vivienda formal porque el Estado les falló.
Vale recordar que la construcción no es solo ladrillo: es economía pura y política social aplicada. Cada vivienda jalona la economía con más de 130 subsectores, genera empleo y dinamiza ciudades. Cada subsidio bien ejecutado se convierte en patrimonio para hogares que jamás habrían podido acceder a vivienda sin subsidio a la cuota inicial y a créditos sin apoyo estatal. Al frenar este motor, el Gobierno empujó hacia la informalidad a miles de familias.
En este contexto, aparece el Decreto 1166, como aparente solución al fracaso en mejoramiento. Es regresivo. Sustituye la licencia de construcción -herramienta de control urbano, técnico y estructural- por una “carta de responsabilidad” suscrita por el propietario. En un país sísmico, donde la calidad de la vivienda determina la vida o la muerte, esta medida no es simplemente equivocada: es peligrosa.
El decreto evade el orden urbanístico, desconoce la reserva legal en materia de licenciamiento y arrebata competencias a los municipios. Abre un boquete para la expansión de obras sin supervisión. La Corte Constitucional ha sido clara: la vivienda digna incluye habitabilidad, estabilidad y seguridad. ¿Cómo garantiza eso un documento sin inspección, sin verificación técnica y sin responsable profesional independiente? No lo garantiza.
Lejos de resolver problemas, el decreto crea otros: abre la puerta a la politización de subsidios, discrecionalidad en obras y uso clientelista de recursos. El Decreto 1166 no avanza en vivienda; retrocede décadas en seguridad, institucionalidad y orden urbano. La vivienda digna exige rigor, profesionalismo y Estado. Lo que no exige -ni merece- es improvisación con efectos electorales.
La conectividad permite que el respaldo ya no sea un activo externo, sino el propio bien financiado, capaz de reportar en todo momento el estado del bien
¿Por qué seguimos insistiendo en actuar igual? Porque actuar diferente requeriría reducir el poder del Estado y eso nadie en el poder lo quiere
En 1929, Andrew Ross Sorkin reconstruye el colapso financiero poniendo el foco en sus protagonistas y en las decisiones que tomaron cuando los resultados todavía parecían darles la razón. Los años veinte trajeron innovación, productividad y nuevas industrias; era fácil creer que esas condiciones podían prolongarse
