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Los resultados de 2017 en materia de crecimiento reflejaron grietas importantes en la estructura productiva tras varios años de ajuste de la dinámica interna. El sector de vivienda, otrora pilar de la actividad productiva, no fue la excepción e incluso resultó ser una de las actividades más resentidas desde el punto de vista de generación de valor agregado.
La afectación que experimentó la capacidad de los hogares para generar ingresos por cuenta de una mayor carga tributaria derivada del aumento del IVA, la presencia de algunas presiones sobre el mercado laboral en materia de desempleo y la pérdida de beneficios tributarios de las cuentas AFC y de los créditos de vivienda, terminaron por minar la disposición a comprar vivienda.
Muestra clara de estos acontecimientos es que los programas de subsidio de vivienda, tanto para vivienda VIP, VIS y No VIS, no cumplieron las metas de asignación de cupos disponibles, quedándose en apenas un 80% de la ejecución.
El cierre de 2017 no podría haber dejado un resultado distinto al de una caída de 11% real en el valor de ventas de vivienda nueva, lo que resulta impactante luego de una seguidilla de años en el que el sector superaba registros históricos de comercialización. Esta situación, que desde luego tienen efectos transversales en la economía, promete generar impactos poco deseables a lo largo de 2018 e incluso para 2019 en materia de empleo, financiamiento y desarrollo productivo.
Y es que, en el escenario base, los análisis y estimaciones sugieren que el valor de las ventas de vivienda nueva de cara al 2018 no sería muy distinto frente al año pasado, de allí que la coyuntura propia del debate electoral sea una gran oportunidad para plantear políticas de corto y mediano plazo que permitan vislumbrar acciones perdurables para que el sector de la vivienda alcance crecimientos sostenidos y duraderos.
Debe reconocerse que el país acusa déficits cualitativos y cuantitativos de vivienda a pesar de los avances de los últimos años, lo que genera aún talanqueras considerables para la superación de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo social integral. Esto requerirá que la nueva administración del poder ejecutivo se plantee trabajar a fondo en la consecución de políticas de vivienda que permitan un mejor posicionamiento del sector y sus encadenamientos. Allí, por supuesto, no podrán quedarse por fuera las discusiones sobre la continuidad y re-potencialización de los programas de coberturas a la tasa de interés, la dignificación de la vivienda, la estabilidad jurídica de los constructores y financiadores y el desarrollo sostenible y planificado de las ciudades.
Por supuesto que el sector, a su vez, deberá incorporar de manera más expedita, en todos los escalones que lo fundamentan, el ADN de la innovación. El acelerado cambio suscitado por las nuevas tecnologías, la economía digital y las exigencias de las generaciones más jóvenes demandarán cada vez soluciones más ágiles y precisas que atiendan las necesidades habitacionales de los nuevos hogares.
La vivienda es pieza fundamental en el progreso de la sociedad colombiana y ha llegado la hora de concebir una política clara que sustente su crecimiento en los próximos años. Esto requerirá, por supuesto, de acciones que les permitan a los actores privados impulsar su actividad y una hoja de ruta efectiva que impulse su desarrollo. Solo así este sector podrá continuar posicionándose como eje fundamental e indispensable para el desarrollo económico y social.
