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En la discusión del debate electoral presidencial, dominado más por temas ideológicos, existen temas de gran calado en la agenda económica del próximo Gobierno cuyas discusiones no han tenido el alcance y la visibilidad que requieren.
Si bien hay un consenso generalizado sobre la urgencia de alcanzar con mayor celeridad sendas más expeditas de crecimiento económico, es hoy un imperativo llamar la atención sobre varios de los complejos retos que tiene el país desde distintos enfoques de la gestión pública y cuya superación resulta fundamental para robustecer las bases de la estabilidad financiera y macroeconómica.
En principio, en el transcurso del próximo cuatrienio el nuevo Gobierno deberá, de manera decidida, combatir la informalidad e ilegalidad rampantes, flagelos sin duda altamente lesivos para el bienestar y desarrollo económico social de los colombianos.
En este sentido, será necesario redoblar esfuerzos para profundizar la inclusión financiera, un vehículo social extraordinario que no solo contribuye a atenuar la incidencia de catalizadores de la informalidad y la evasión, sino a facilitar la financiación en proyectos de inversión productiva.
Este propósito deberá ser acompañado inexorablemente por avances en lo referente a la economía digital. Si bien en los últimos años el sector privado ha venido adaptándose a los cambios que generan los avances tecnológicos, es claro que sus esfuerzos e inversiones serán insuficientes si el Gobierno no emprende acciones tendientes a mejorar la calidad de los servicios y la infraestructura digital nacional.
Se deberán también llevar a cabo políticas públicas que incrementen el acceso al crédito de los hogares y las empresas. En lo referente a los primeros, será imperativo robustecer los mecanismos de adquisición de vivienda que contribuyan a cerrar nuestro déficit habitacional, hoy aún en niveles inaceptables.
Si bien se requiere mantener los exitosos programas de cobertura a las tasas de interés hipotecarias, se tendrá que revaluar la idoneidad de aquellos mecanismos que han afectado la seguridad jurídica y facilitar los procesos de escrituración de vivienda.
El bienestar de los colombianos se incrementará solo si el tejido empresarial se hace más eficiente y se dinamiza la creación de empleo formal. Por ello, además de solucionar los lastres en competitividad y productividad que lo aquejan, se hace necesario que, desde lo normativo en materia financiera, se facilite el uso de instrumentos como el Leasing, pues estos permiten fondear proyectos que impulsan el crecimiento del sector real.
Estas iniciativas encaminadas a fortalecer el crecimiento económico deberán ser respaldadas por un contexto que garantice la estabilidad financiera, lo que requerirá avances normativos que robustezcan el sistema financiero en lo relativo a requerimientos de capital, sistemas de prevención de lavado de activos, mercado de capitales y ciberseguridad. Paralelamente, será necesario hacerle frente a los regazos que presenta la educación financiera en el país.
Los Gobiernos no pueden seguir ignorando que la toma de decisiones de ahorro e inversión por parte de hogares y empresas, en ausencia de educación y orientación financiera, va en detrimento de la estabilidad macroeconómica.
De la correcta gestión y diseño de una agenda que permita avanzar con celeridad en todos estos aspectos dependerá que el crecimiento económico alcance niveles que reduzcan las brechas sociales y nos catapulten por encima de la trampa del ingreso medio.
