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Los constantes desarrollos tecnológicos han permeado casi todas las facetas del ser humano, desde las actividades personales, con las bondades de la conectividad, hasta los entornos organizacionales, influyendo en mejoras en materia de productividad y servicio. Los distintos sectores productivos, incluido el gobierno, se han apoyado en estos avances para operar de manera más eficiente en un entorno de conectividad constante mediante la recopilación, procesamiento y manejo de una vasta cantidad de información. Esto ha permitido transformar la experiencia entre los usuarios y se ha configurado como uno de los drivers más importantes de expansión, competencia y aumento en utilidades.
Sin embargo, la llegada de la cuarta revolución industrial, además de traer múltiples beneficios, también impone grandes retos para garantizar que la transición tecnológica no comprometa la seguridad de la información generada por todos los que hacemos uso de las herramientas y servicios digitales. Y es que, en este escenario, todos estos cambios han permitido revelar la otra cara de la moneda del mundo digital, la vulnerabilidad de los sistemas frente a ciberataques, un factor que pueden llegar a poner en jaque la seguridad nacional y la integridad de personas e instituciones. Por ello, uno de los mayores desafíos que trae la evolución tecnológica es precisamente mantener a salvo el creciente flujo y volumen de la información almacenada y compartida por dichas herramientas.
La ciberseguridad cobra mayor importancia en la medida en que los servicios digitales ofrecidos por las empresas siguen posicionándose. Cada vez más se amplía el número de usuarios que albergan y hacen uso extensivo de información personal y financiera. De hecho, los ataques cibernéticos han demostrado tener profundos impactos que van más allá de lo económico. Si bien la ciberdelincuencia puede atacar a una empresa, publicar información falsa, tomar datos de sus clientes, los costos de estos eventos no solo se limitan al reemplazo de los dispositivos afectados y al pago de onerosas multas, sino a sanciones no pecuniarias y/o pérdida de reputación.
Sin duda, el apoyo del gobierno en este tema debe ser decidido, con una política clara y con un órgano rector que cuente con la institucionalidad necesaria para responder a estas amenazas, logrando sacar el mayor provecho a la llegada de nuevas herramientas sin comprometer la protección de la información propia de las organizaciones y sus usuarios.
Si bien debemos celebrar iniciativas como el Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad que vienen liderando la industria financiera (CSIRT), uno de los sectores con mayor potencial de ciberataques, la gestión de los incidentes y riesgos cibernéticos debe seguir avanzando. Gobierno, gremios y sector privado deben continuar uniendo esfuerzos y articularse para fortalecer el proceso de diseño de políticas y estrategias de gestión de riesgos cibernéticos.
En síntesis, las distintas formas de innovación son bienvenidas para mejorar procesos y lograr avances en materia de productividad en la economía. No obstante, se debe prestar especial atención a los riesgos cibernéticos que hoy en día se han hecho más comunes. La amenaza será cada día más grande, por lo que se requiere une gestión de riesgos diligente y acorde con las necesidades de seguridad de esta nueva era.
