El año que queda

Reforma a la salud vía decreto. Borrador de decreto para reprogramar vigencias futuras. Convenio con Portugal para imprimir pasaportes a través de una Imprenta Nacional que no es claro si estará lista y, un Presupuesto General de la Nación, desfinanciado, que en época preelectoral, pone sobre la mesa la más impopular de las propuestas: una nueva reforma tributaria.

Parecería que el Gobierno está decidido a meter el acelerador, a fondo, en el año que le queda. Parecería que busca materializar, a como dé lugar, los muchos anuncios que hasta el momento han quedado en letra muerta.

Parecería, esta administración, haber caído presa del afán justo cuando el conteo regresivo comienza. No obstante, la repentina premura por aterrizar proyectos que debieron tramitarse a tiempo, con apego a las normas establecidas, sin ambigüedades, en las instancias institucionales; en su recta final pretenden atajos y permiten predecir un último año de confrontaciones cada vez más intensas.

Y es que, ahora, será el Consejo de Estado el encargado de determinar la legalidad del ‘decretazo a la salud’, la Procuraduría, la llamada a pronunciarse alrededor de la posible transgresión en los principios de planeación y economía de la contratación estatal en la futura expedición de los pasaportes y de establecer, además, si hubo extralimitación de funciones.

La Contraloría, entre tanto, fungirá como la responsable de reiterar su advertencia acerca de la imposibilidad de modificar, de manera unilateral, las vigencias futuras pactadas en los contratos de concesión mientras, el Legislativo solicitará, según lo ha anunciado, la devolución del presupuesto.

Nada distinto a los necesarios y oportunos controles que se ejercen en democracia, pero que es fácil advertir, propiciarán, por cuenta de su legítimo ejercicio, un tenso relacionamiento con el Ejecutivo que ha demostrado, poco le gusta y en cambio le cuesta aceptar conceptos contrarios a sus ideas.

Tras tres años de padecer cuestionamientos y descalificaciones a los pronunciamientos que emanan de la separación de poderes; las apuestas por sacar adelante cambios que sepulten las dinámicas en salud, infraestructura, contratación y manejo de las finanzas públicas que el jefe de Estado considera erradas y le incomodan, indefectiblemente ahondarán en las hostilidades ya existentes.

El año que queda promete ser caprichoso, radicalizar posturas y elevar el tono. Un crispado ambiente con el que tendremos que lidiar todos los colombianos pese al desgaste nacional acumulado y que exacerbará la campaña electoral. Las instituciones, el apego a la Constitución y el respaldo ciudadano tanto a las primeras como a la segunda, resultarán cruciales. Más aún en momentos en los que rondan riesgosos discursos ávidos de tomar fuerza a los que se debe evitar dar vuelo.

Con mínimas victorias por mostrar, excepto una reforma laboral que salió adelante producto de un amago de consulta popular con el que logró presionar al Congreso; la administración Petro se resiste a reconocer que terminará su mandato sin haber encontrado el camino para convocar. Por desinterés, desconocimiento o quizá por ambos, intentar imponer, tal como indican las decisiones recientes, continuará siendo la senda. El año que queda se avizora, entonces, cual fotocopia de lo que han sido los 36 meses anteriores.