La reforma que no fue

El triste anuncio del retiro del Proyecto de Ley de reforma fiscal radicado en el Congreso hace tan solo unas cuantas semanas por el Ministerio de Hacienda, es un duro revés para el país, propiciado por diversos políticos que, desde un principio, sin ningún debate serio y constructivo, se opusieron con el objetivo de obtener réditos electorales. Más allá que el texto radicado tuviera elementos que generaran debate o temas que se pudieran mejorar, la realidad es que perdimos una oportunidad para avanzar en la corrección de los diversos problemas de nuestro Estatuto Tributario. En Anif consideramos que ese proyecto proponía cambios estructurales que permitían al Gobierno Nacional tener un sistema tributario con mayor recaudo, más progresivo y eficiente y sentaba unas bases sólidas para una política social de acuerdo con las necesidades del país, necesidades que se han visto recrudecidas por los efectos de la pandemia. Basta recordar las cifras recientemente divulgadas por el Dane sobre incremento de la pobreza y desigualdad durante 2020. Debemos decir que, salvo algunas propuestas, los cambios que se proponían iban en la dirección correcta y apuntaban a reducir la desigualdad, al mismo tiempo que se introducían importantes mecanismos para luchar contra la pobreza y el desempleo.

La situación económica, social y fiscal del país requería una reforma a la altura de las circunstancias. Quizás por esa razón el Gobierno Nacional propuso de manera ambiciosa una serie de cambios estructurales para financiar los necesarios programas sociales (algunos nuevos, creados para mitigar los efectos adversos generados por la pandemia, otros que vienen de atrás como la salud universal, la gratuidad en la educación, entre otros) y el gasto público en la etapa de reactivación para continuar con el impulso que necesita el sector privado para generar más empleo, recuperar el ingreso de los hogares y, así, reducir la pobreza en la cual se encuentra 42,5% de la población. Adicionalmente, esa reforma es necesaria para contener el incremento de la deuda, que ya ronda 65% del PIB, deuda que pagaremos, en todo caso, los colombianos de esta y siguientes generaciones.

Tenemos que pasar del discurso de la calle a los hechos. Es incomprensible oír a algunos rasgarse las vestiduras por la equidad y la pobreza, al mismo tiempo que luchan por mantener un esquema tributario y fiscal que no hace más que perpetuar la desigualdad y la pobreza.

Como lo hemos dicho a lo largo de la serie de informes sobre la situación fiscal del país y en los diversos foros y escenarios de discusión pública, la reforma dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación. La situación fiscal de los colombianos es compleja. La deuda está en niveles demasiado altos y el déficit fiscal este año será cercano a 9% del PIB (casi $100 billones). Debemos tener claro que hoy en día los gastos superan a los ingresos y que la pandemia agravó los problemas que ya teníamos. Como se dijo, esa deuda la pagaremos todos los colombianos de esta y futuras generaciones y debemos hacer algo ya para reducirla.

Si no hacemos una reforma fiscal seria, ahora bien, que sea fruto del proceso de discusión y concertación, nos veremos abocados a una crisis de mayor envergadura, justo cuando estamos saliendo de la crisis que generó el Coronavirus. No es el momento de ser irresponsables, ni de hacer propuestas que lo único que harían sería agravar los problemas. Estamos ante un verdadero riesgo de un encarecimiento y disminución de la financiación para el país, lo mismo que la inversión que financia el desarrollo, el empleo y el déficit externo del país. Por esa razón, en Anif apoyaremos el proceso de concertación que empieza para lograr la mejor reforma posible, que nos ayude a sobreaguar este difícil momento, a sabiendas, sin embargo, que ya estamos restringidos a tener una reforma insuficiente, tanto en términos de recaudo, como de arreglar los problemas estructurales de esquema de tributación. Y aún en ese escenario nos opondremos al populismo y a propuestas perjudiciales que surjan de cualquier sector.

Con el anuncio del Gobierno Nacional y la disposición de algunos congresistas, seguramente se encontrarán soluciones temporales y parciales para esta difícil coyuntura. Sin embargo, esas soluciones profundizarán los problemas actuales de la tributación en Colombia y no solucionarán de manera estructural la necesidad de mayores ingresos. Nos preocupa que por restricciones de carácter político estemos condenados a repetir los mismos errores del pasado y terminemos aplicando la misma receta que se ha venido imponiendo desde hace, por lo menos, 20 años. Todo este siglo nos la hemos pasado haciendo reformas tributarias para tratar de cerrar un hueco con soluciones temporales. Así, manteniendo nuestra tradición, en menos de 18 meses nos veremos obligados a estar debatiendo otra reforma tributaria, esta vez más dura y con menos grados de libertad, ante un escenario político diferente. Lo cierto es que cualquier gobierno que gane las próximas elecciones, lo primero que tendrá que hacer es tramitar una reforma de esas características. Los grandes adalides de la equidad y defensores de la clase media, que tanto se hicieron notar en esta coyuntura, lo único que realmente lograron es aplazar la solución de un problema profundo y estructural de la economía colombiana.

Si en realidad queremos combatir el desempleo, la pobreza y la desigualdad debemos hacer un esfuerzo por empezar a reconocer la necesidad de la reforma y la importancia de dar una discusión seria, democrática y pausada acerca de las mejores propuestas y alternativas en pro de un mayor recaudo y la progresividad del gasto público. Es decir, no estamos en momentos para decisiones populistas, sino que debemos enfrentar un problema que es verdadero y que si no lo solucionamos, perderemos todos.

Al final, lo que se termine recaudando con esta nueva reforma, algo cercano a un punto del PIB, terminará sirviendo para cubrir los programas sociales en el corto plazo, pero de todas formas no se resolverán los problemas estructurales de recaudo que se requieren para pagar la deuda que ya traíamos y que aumentó, considerablemente, por el impacto del coronavirus en la economía. Todo parece indicar que nos quedaremos con gran parte del gasto y con muy poco del ingreso. En ese sentido, reiteramos que apoyaremos y propondremos medidas dentro de las restricciones que existen, pero en ningún caso las que le hagan daños irreparables a la ya bastante deficiente estructura tributaria de Colombia.