¿Qué defienden los que se resisten al salario vital?

La derecha política se alimenta de la ortodoxia económica y su resistencia al salario mínimo vital no es técnica ni accidental: es coherente con su concepción y marco teórico, ya que conciben el salario como precio de mercado y costo de producción; por lo tanto, entre más bajo sea o menos crezca, mejor será para la competitividad y para la protección de la rentabilidad.

Esta concepción, históricamente aplicada en el país como un asunto “neutral” y “técnico”, pone al trabajador subordinado a las condiciones del mercado laboral y lo trata como un problema contable, no como un sujeto creador de valor y riqueza. Claramente, dicha concepción prioriza la estabilidad del excedente y la rentabilidad del capital sobre la reproducción material de la vida; es decir, el trabajo es considerado una mercancía que se puede comprar según horas de trabajo y al menor precio posible, sin importar la vida, el cuidado, la alimentación, la vivienda y todas las condiciones que permiten que las personas sigan trabajando.

Es evidente que el mercado paga horas de trabajo, pero no se hace cargo de que las personas que trabajan necesitan comer, vivir, descansar, cuidar y ser cuidadas para poder seguir cumpliendo en sus empleos. Esto, para la ortodoxia, son externalidades, asuntos que están por fuera del mercado; por ello, si el salario no alcanza para vivir, el sistema no lo registra como un problema económico, sino como un asunto privado del trabajador, de su familia o del Estado.

No siendo poco, esta concepción también tolera ciertos niveles de desempleo como parte normal del funcionamiento económico, porque sabe que mientras haya una masa de trabajadores sin empleo habrá cierta presión de los salarios a la baja para buscar el equilibrio del mercado laboral. Esta idea desnuda la falsa postura que han tenido sobre el desempleo como problema social, pues saben que lo necesitan como un mecanismo disciplinador del salario. En otras palabras, el desempleo no es una falla del sistema, sino un instrumento que mantiene el salario bajo control, semejante a lo que ocurre con la informalidad.

Nótese, entonces, que la ortodoxia económica y, por ende, la derecha política, están en una encrucijada si pretenden seguir sosteniendo sus ideas ante los cuestionamientos que se les hagan respecto al sentido ético, jurídico y social del salario; pues, hasta el momento, lo que han podido demostrar es que no les importa el salario como derecho social ni les interesa una remuneración digna, toda vez que les descuadra el equilibrio de su mercado laboral. Mientras lo sigan percibiendo como un costo, debe ser bajo; mientras que, si lo defienden como derecho y como condición de vida y bienestar, debe ser suficiente, y ambas cosas no pueden sostenerse al mismo tiempo.

Es evidente que esto no son leyes naturales, sino decisiones políticas camufladas de ciencia económica y disfrazadas de razones “técnicas”. He aquí por qué, mientras los 98.000 soldados y los 8.000 residentes médicos celebraban su salario vital, la ortodoxia económica y la derecha política buscaban razones para aguarles la fiesta por medio de múltiples demandas que tenían como objetivo tumbar el decreto, porque para ellos la preocupación es el costo y no la dignidad.

Finalmente, el salario vital no es un simple precio de mercado: es un derecho constitucional, una herramienta de política económica y un pilar de justicia social. Su función es garantizar que quien trabaja pueda vivir con dignidad; por lo tanto, con su determinación para este año se inaugura la aplicación del artículo 53 de la Constitución Política. En consecuencia, la ortodoxia económica y la derecha política no se oponen al salario mínimo vital por error o ignorancia, sino por coherencia, pues detrás de su lenguaje “técnico” hay una verdad simple: el salario debe ajustarse a la rentabilidad y resulta que, en un Estado social de derecho, debe ajustarse a la vida.