¿Y quién nos responde?

Por momentos, me siento agotada en la permanente lucha por la defensa de nuestro ahorro pensional, visto como un botín por parte del gobierno y cuyo zarpazo ha pretendido dar con la reforma pensional y ahora, también, con dos nuevos decretos. Ningún legislador ni candidato ha dicho una sola palabra y, si no fuera por los afiliados que hemos alzado la voz, la protesta contra estas medidas pasaría desapercibida.

Como lo he explicado antes, por cuenta del Decreto 1485, pensionarse será más costoso, y con el decreto que pretende nacionalizar el ahorro, nuestros rendimientos serán menores.

Ambos constituyen un jaque mate al sistema de ahorro: el Fondo de Garantía se agotará más temprano que tarde y el gobierno logrará su objetivo: dejar a Colpensiones como la única administradora. Monopolio estatal. Volver al Seguro Social.

Las administradoras de fondos de pensiones y las aseguradoras tienen quién las defienda en la esfera legal. ¿Pero a los afiliados? ¿Quién nos responde?

Por eso, en #NoConMiAhorro apoyamos la iniciativa del doctor en economía Francisco Azuero, quien redactó una carta dirigida al Ministerio de Hacienda y a la URF, enviada como comentario al borrador del decreto. Recogimos más de 23 mil firmas de afiliados que le piden al gobierno que no se meta con nuestro ahorro ni con nuestra vejez.

En esa carta, también radicada como derecho de petición, se solicita a la SIC que publique el concepto emitido para la expedición del decreto y a la URF que haga pública el acta de aprobación de su Consejo Directivo. Mientras estos documentos no se conozcan, no es posible evaluar los argumentos técnicos ni saber si hubo un debate real o si, como creemos, se trató de una decisión política.

Advertimos que esta medida reducirá nuestros rendimientos. Basta un ejemplo: si en 1950 hubiéramos invertido un dólar (47 pesos) en el S&P 500 de Estados Unidos, hoy tendríamos cerca de $290.000. Si ese mismo dinero se hubiera invertido en el mercado local, hoy apenas serían $70.000. Invertir en el exterior ha sido cuatro veces más rentable.

La Contraloría advirtió que repatriar $177 billones en cinco años implicaría perder cerca del 3,8% en rentabilidad, es decir, más de $3,2 billones menos en las cuentas individuales.

El decreto viola el principio de eficiencia, pues dirige los recursos hacia inversiones menos rentables y más riesgosas, dependientes de la política local, y se justifica en “dinamizar el mercado de capitales colombiano”, violando el artículo 9 de la Ley 100, que prohíbe usar recursos de la seguridad social para fines distintos a ella.

Los más afectados seremos los jóvenes. Pasaremos de tener hasta 70% de nuestro ahorro invertido en el exterior a un máximo de 30%. Peor aún: los nuevos afiliados verán su ahorro destinado casi en su totalidad al mercado local. Huevos en menos canastas.

Menor retorno, mayor riesgo.

También se viola el principio de participación: los afiliados no fuimos escuchados ni invitados al diseño del decreto y, cuando opinamos, nos ignoraron.

Por todo lo anterior, pedimos al Ministerio que se abstenga de expedir este decreto. Si no lo hace, la carta respaldada por más de 23.000 firmas será un insumo central para nuestra demanda. Seguimos adelante.