Una democracia sin ruido

Hay una manera de vaciar el derecho a la protesta sin prohibir una sola marcha: exigir que todo siga funcionando como si nadie estuviera protestando. Que el tráfico fluya, que la producción continúe, que el reclamo tenga lugar sin alterar la rutina. Bajo esa lógica, la ciudadanía puede hablar siempre que el poder conserve la comodidad de ignorarla.

Esa es la discusión que abre el Decreto 1525, firmado por Abelardo de la Espriella en vísperas de las movilizaciones contra su gobierno. La explicación oficial incorpora la actividad productiva y la movilidad de los trabajadores entre los criterios para evaluar ocupaciones prolongadas de accesos.

Así, el costo económico de una protesta entra en las decisiones sobre cómo responderle. El riesgo político aparece cuando ese costo pesa más que las razones de quienes reclaman.
El resultado electoral hace más delicada esa frontera.

El preconteo dejó al presidente con 49,66% y a Iván Cepeda con 48,70%. Menos de un punto separó dos proyectos con respaldos casi iguales. De la Espriella recibió una sociedad partida, cuyos desacuerdos siguen vivos después de las elecciones.

Si la respuesta a esa fractura consiste en ampliar el margen policial, el Gobierno termina administrando como problema de seguridad lo que debería tramitar como conflicto político.

Además, la exigencia de una protesta sin consecuencias distribuye de manera desigual la capacidad de influir. Un gran empresario puede advertir que aplazará una inversión y conseguir una reunión. Una comunidad que lleva años esperando agua, una escuela o el cumplimiento de un acuerdo necesita reunir cuerpos en una carretera para obtener atención. Ambos ejercen presión.

Pero la presión de quienes tienen capital suele llamarse confianza inversionista; la de quienes solo tienen su presencia queda bajo sospecha.

En Reino Unido, una disputa aparentemente menor mostró hasta dónde puede llegar ese desplazamiento. El Gobierno quiso que una perturbación “grave”, requisito para imponer condiciones policiales a las manifestaciones, pudiera significar una afectación “más que menor”.

En mayo de 2025, la Corte de Apelaciones confirmó que había excedido sus facultades. Cambiar una definición ampliaba el poder de intervención sobre la ciudadanía. La restricción cabía en dos palabras.

Por eso el Comité de Derechos Humanos de la ONU reconoce que una protesta puede interrumpir el tránsito y seguir siendo pacífica. También exige distinguir a quienes cometen actos violentos del resto de participantes. Esa distinción impide que una agresión se convierta en pretexto para silenciar un reclamo colectivo.

Colombia tiene razones dolorosas para exigir ese cuidado. La ONU verificó 46 muertes vinculadas al paro de 2021; 28 habrían resultado de un presunto uso desproporcionado de la fuerza pública o de funcionarios estatales. El orden recuperado también debe responder por las vidas que dejó atrás.

Proteger ambulancias, alimentos y personas exige capacidad estatal, diálogo y controles efectivos. Pero gobernar implica algo más difícil: aceptar que quienes sufren una decisión puedan elevar el costo político de mantenerla.

Una democracia donde solo influye quien puede pagar termina reservando la calle para circular y los despachos para decidir. A los demás les concede el derecho de quejarse, siempre que nadie tenga que escucharlos.