Subsidiar el servicio de taxis

Ya es costumbre observar que, ante cualquier reclamo de un grupo representativo de ciudadanos, en especial si tienen capacidad de presión, el Gobierno Nacional se asusta y para conjurar cualquier protesta toma medidas sin ningún rigor técnico o análisis de impacto, haciendo anuncios que no puede materializar. El listado es largo y tortuoso, ante la incomodidad de los transportadores por los costos de los peajes, se anunció su congelación, sin facultad legal, con efectos gravísimos en la seguridad jurídica y viabilidad económica de las vías concesionadas; seis meses después tuvieron que reconocer su error y aumentar las tarifas. Posteriormente, ante los reclamos de los motociclistas, se inventaron la reducción del costo del Soat con el propósito de evitar su evasión, luego redujeron su cobertura a la mitad, desfinanciaron el sistema de salud y siete meses después el propio Gobierno ha manifestado que la medida fracasó y que la evasión no disminuyó.

En los últimos días, nuevamente, de manera improvisada e irresponsable, mostrando un absoluto desconocimiento por el sector público y por las competencias del ejecutivo, el Gobierno anunció que generaría tarifas diferenciales en el precio de la gasolina para no afectar el servicio público en taxis. Posteriormente, al darse cuenta que era un exabrupto, que no tenía la capacidad para hacerlo efectivo, que no podría controlar el expendio del combustible con tarifas diferenciales, así como también, que estaría generando un incentivo hacia el fraude y la ilegalidad, decidió que implementaría un mecanismo de compensación al precio de la gasolina para los taxistas, otra medida sacada del sombrero.

En primer lugar, se aclara que el Gobierno Nacional no tiene capacidad legal para otorgar esta compensación puesto que para crear este subsidio debe estar autorizado por una ley. Hoy este mecanismo de compensación existe para el IVA que pagan las personas de menores ingresos pero para ello se expidió una ley que así lo autorizara. De otra parte, debería analizarse a quien está dirigido el mismo, en efecto, se puede entender que beneficiará a los dueños de los vehículos que serán quienes podrán solicitarlo y continuarán pidiéndole a los conductores la cuota de producción diaria. Sí por el contrario, lo que se quiere es beneficiar a los conductores, existen muchas dudas en cuanto a cómo se identificarán los mismos y cuál será el mecanismo para girarles los recursos, así como para identificar el monto a compensarles.

Sin embargo, al observar el trasfondo del subsidio se concluye que, en la realidad este está dirigido a los usuarios de los taxis ya que son quienes no pagarán más por el servicio y, aquí surge la pregunta de si estas personas que hacen uso de estos vehículos, deben tener un subsidio por el servicio que se les presta. Si se observa la capacidad económica de quienes se movilizan en taxi, estamos subsidiando a la clase media y media alta de la sociedad y no a los menos favorecidos.

Resultaría más obvio que los usuarios de taxi paguemos una tarifa que refleje el real costo del servicio y no que se nos subsidió el mismo por la incapacidad de regular efectivamente este sector y de establecer las tarifas que realmente el usuario debe pagar. El Gobierno Nacional se asustó y está actuando en contravía de la medida más responsable que ha adoptado en materia fiscal, el desmonte de los subsidios a los combustibles.

Estoy absolutamente convencido que este anuncio no verá la luz, es decir que la famosa compensación en cabeza de los taxistas y en favor de las personas con mayor capacidad adquisitiva no se hará efectiva, que en unos días estaremos enfrentando problemas de orden público, bloqueos de vías y nuevas medidas absurdas a causa de anuncios irresponsables que no se pueden poner en práctica, cuyo fin es apagar incendios con gasolina.