Maduro

El 2026 comenzó con la caída de Nicolás Maduro. Nadie imaginaba que el dictador venezolano sería capturado junto con su esposa de la manera en que ocurrió. El operativo de los Estados Unidos para hacer efectivo el indictment fue impecable.

Ver a quien gobernó Venezuela durante 13 años —con una retórica incendiaria— aterrizar esposado en Nueva York demuestra que la soberanía no puede convertirse en refugio del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. La soberanía no es, ni puede ser, un escudo para quienes violan la ley. Debe recordarse que ningún gobierno puede utilizar ese principio para blindarse frente a delitos como el narcotráfico y el terrorismo, que trascienden fronteras y afectan la seguridad internacional.

Algunos sostuvieron que se violó la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa y dispone que las medidas adoptadas se comuniquen de manera inmediata al Consejo de Seguridad. En una operación de captura de esta naturaleza no era posible anunciar previamente la acción sin ponerla en riesgo. Por esa razón, la comunicación se realizó inmediatamente después ante el Consejo de Seguridad, lo que dio lugar a una sesión extraordinaria en la que la operación fue explicada y debatida, como suele ocurrir en la práctica del derecho internacional.

Otros, en cambio, señalaron la irrelevancia de Naciones Unidas. El organismo, tantas veces invocado para defender la igualdad soberana de los Estados, fue incapaz de proteger la democracia venezolana después de casi tres décadas de chavismo y madurismo. Los nueve millones de venezolanos dispersos por el mundo son testigos directos de esa impotencia.

Lo cierto es que Estados Unidos aplicó su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre de 2025, que reordena prioridades geoestratégicas bajo la presidencia de Donald Trump y devuelve al hemisferio occidental un lugar central después de años de atención concentrada en otras regiones. Washington volvió a mirar a América Latina, como lo han señalado el propio presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En medio de este escenario, un detalle no debería pasar inadvertido. Cuando el juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, le preguntó su nombre a Maduro, este respondió sin titubeos que era el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que había sido secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos, que era prisionero de guerra y que se acogía a los Convenios de Ginebra.

Allí se anticipan dos líneas de defensa: invocar una supuesta inmunidad por su condición de jefe de Estado y, además, pretender la aplicación del Derecho Internacional Humanitario bajo la figura de “prisionero de guerra”.

Ninguna de las dos resiste mayor análisis. En cuanto a la primera, Maduro usurpó el poder en junio de 2024 al desconocer al presidente electo, Edmundo González. Carece de legitimidad de origen y de ejercicio. De hecho, Estados Unidos no lo reconoce como presidente desde 2019.

La segunda tampoco procede. La categoría de prisionero de guerra pertenece al III Convenio de Ginebra y exige la existencia de un conflicto armado internacional. Aquí no hubo tal. Lo que ocurrió fue una operación vinculada a delitos de narcotráfico perseguidos por la justicia estadounidense.

En síntesis, el 2026 se inaugura con un hecho que reconfigura el escenario internacional y, en particular, el latinoamericano. El hemisferio occidental vuelve a ser prioridad para Washington y la soberanía ya no podrá ser el escudo de regímenes que combinan mafias, represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos. El mensaje es claro: el poder y la soberanía no otorgan impunidad, y el derecho internacional no puede permanecer indiferente cuando el crimen se disfraza de Estado.