Nos están quebrando

La cesación de pagos o default ha sido entendida como el no pago por parte del Estado de las obligaciones financieras respaldadas en títulos valores. Recordemos que Colombia en su historia nunca ha llegado a esta situación y ese es uno de los activos más importantes con que cuenta nuestra economía; la credibilidad en la seriedad en el manejo de las finanzas públicas.

Hoy toda la credibilidad y todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de nuestra historia está en riesgo. Si bien los títulos se están pagando, las obligaciones no. En Colombia tenemos una figura poco ortodoxa frente a las obligaciones del Estado que son las vigencias futuras, las cuales, de acuerdo a nuestro Estatuto Orgánico de Presupuesto, son la obligación de incorporar en los próximos presupuestos, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones pendientes de pago.

Con estas se financian, entre otros, los grandes contratos de infraestructura y se pagan cada año. Esa figura no es nada distinto a deuda pública, es una obligación de pago sin respaldo en ningún título. Es tan claro, que el presupuesto de cada año incluye el pago de las cuotas de vigencias futuras que honran los contratos mencionados y, es contra estos compromisos, que el sector financiero nacional e internacional presta los recursos y ayuda a financiar las mencionadas obras.

El Presidente de la República y su Ministro de Hacienda han tomado la decisión de no pagar esas obligaciones en los términos establecidos previamente y consignado en contratos firmados por el mismo Estado, sin el consentimiento de sus acreedores ¿Qué significa eso entonces? Que Colombia caerá en default y dejará de pagar sus deudas, con el agravante del incumplimiento de contratos firmados, configurándose una clara violación de la ley.

Las consecuencias de esta decisión serán de la mayor gravedad. El sector financiero, el cual ha venido poniendo a disposición los recursos para las obras, cerrará el crédito dado que dejará de tener garantía de pago. Aquel crédito que se consiga tendrá un nivel de intereses tan alto que hará casi imposible su pago, las empresas constructoras no volverán embarcarse en este tipo de obras pues no tendrán seguridad jurídica para el pago y, por último, todas aquellas que se sientan afectadas por el cambio de condiciones demandará al Estado y sin duda ganará. Esta situación generará que el desarrollo de la infraestructura en el país desaparezca.

De otra parte, el país ha decidido subsidiar parte de la tarifa de servicios públicos a los usuarios de las estratos 1,2 y 3 y la forma de hacerlo consiste en que las empresas operadoras, prestan los respectivos servicios y posteriormente el Gobierno les reconoce y paga el porcentaje equivalente al subsidio. Nuevamente esto solo tiene un nombre, deuda pública. Pues bien, el Gobierno adeuda a las empresas una cuantiosa cantidad de recursos incluso de servicios prestados el año pasado. Esto en un lenguaje financiero se llama cesación de pagos.
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ues bien, adicionalmente hoy Colombia atraviesa la peor situación fiscal a la que se haya enfrentado en su historia reciente, sumado al mayor déficit fiscal y al mayor nivel de deuda observado; se quedó sin caja, los recursos no existen. Óigase bien, en la cuenta de la Nación, según lo muestra el Banco de Bogotá en su informe del pasado 8 de agosto solo existen recursos por $1,8 billones. Si se efectúa una simple regla de tres, el Gobierno tiene recursos para 1,2 días cuando el promedio histórico de caja es de cerca de $30 billones para esta fecha.

Es claro entonces que las finanzas públicas están al borde del abismo y que Colombia está muy cerca de la quiebra al enfrentarse a la tormenta perfecta: déficit fiscal superior a 7,5%, deuda pública superior a 65%, ausencia de Regla Fiscal, tasas de interés por las nubes, con la caja en mínimos históricos y para rematar con un Presupuesto completamente desbordado. Esto no es un juego. Debemos recuperar le seriedad en el manejo de las finanzas públicas antes de que sea muy tarde.