.
Analistas 07/07/2021

Las increíbles peticiones del paro

Juan Alberto Londoño Martínez
Ex viceministro de Hacienda

Según cálculos efectuados por este diario, las peticiones del comité del paro que pueden ser cuantificadas, ascienden a $81,5 billones anuales, como ya lo mencioné es un exabrupto, más cuando la reforma que anuncia el Gobierno busca recaudar $15 billones. Es decir las intensiones de ese Comité son una utopía.

Hablemos de los reclamos del comité y de la autodenominada “Primera Línea” que no implican gasto adicional. El primero, ha sido por la vacunación. Con corte al 3 de julio se han aplicado más de 19 millones de dosis y un número cercano a 7,5 millones de personas cuenta con el esquema completo, cifras positivas que muestran el gran esfuerzo efectuado por el Gobierno, así existan quienes quieran desconocerlo y ridiculizarlo. En este sentido, los reclamos carecen de sustento, así nuestros amigos de Fecode sigan negándose a volver a la educación presencial, cuando ya han sido vacunados.

Anuncian plantones contra la propuesta del Gobierno que pretende congelar el salario de los funcionarios públicos. La intensión de la propuesta es mantener el poder adquisitivo que hoy ostentan. Reclaman, pero no están dispuestos a aportar.

Demandan que se derogue el piso mínimo de protección. Atentan así contra casi la mitad de la población trabajadora informal que no devenga un salario mínimo, negándoles el auxilio para cuando estén cesantes, o la posibilidad de tener un ingreso al momento de cumplir la edad de retiro. Los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), son su única opción para tener una mejor vejez.

Otra locura que se ha dicho, por parte de la “Primera Línea” es la exigencia de reconocimiento político. Dos hipótesis al respecto. 1ª ¿se están autodenominando como un grupo alzado en armas contra el Estado que pretende sentarse a negociar como fuerza irregular? 2ª ¿quieren personería jurídica como partido o movimiento político? En la primera, reconocen ser delincuentes y en nuestro ordenamiento jurídico, la única posibilidad es combatirlos o su sometimiento a la justicia. Es inconcebible que se puedan bloquear vías y que hayamos llegado al mayor absurdo de hablar de “corredores humanitarios”. ¿Estamos en guerra? Que les caiga el peso de la ley.

En la segunda, deben someterse a las reglas de la democracia. Es decir, actuar como un grupo significativo de ciudadanos que se presente a las elecciones cumpliendo los requisitos exigidos por la ley y, de no obtener la votación exigida, no tendrán representación en las instancias decisorias. No pueden pretender someter a la sociedad a una dictadura de sus exigencias. Es inadmisible que exijan derechos y un cambio en la sociedad atropellando a la comunidad acudiendo a las vías de hecho.

Exigen prohibir la erradicación forzosa y la aspersión aérea. Resulta increíble que ahora el Estado renuncie al ejercicio legítimo de mantener el orden público y de velar por el bien común. Hasta tanto el Congreso no dé la discusión respecto de la legalización o no de las drogas, Gobierno y autoridades tienen el deber de hacer cumplir la ley.

¿Acaso existen fuerzas que puedan imponer su agenda a un país que eligió un gobernante de manera democrática? ¿Son las redes sociales, los llamados influencers y sus hordas de seguidores quienes deben gobernar, presionando a nuestros legisladores y funcionarios a tomar decisiones sólo por la presión mediática?

Lo que se ha visto en los últimos dos meses, no se equivoquen, no es un ataque al Gobierno, es un atentado a todos nosotros, al Estado y a la sociedad.

Nuestra Constitución tiene definido un modelo de Estado que hoy pretenden desconocer. En este, lo primero que debemos reconocer y respetar es la autoridad y la protección del orden público los cuales no se negocian. El Estado no puede renunciar a hacer cumplir la ley, a utilizar la fuerza ante los actos de violencia, a levantar los bloqueos, a defender la infraestructura pública, así como a conservar las creaciones que nos recuerdan nuestra historia. Que quede claro, la fuerza pública debe ejercer sus funciones sin abusos, sin excesos y con cumplimiento estricto de la ley.