La cura peor que la enfermedad

El actual Gobierno pretende incrementar los ingresos fiscales del país duplicando los impuestos a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, con el falso argumento de proteger la salud. Ya gravó gran parte de la canasta familiar con los impuestos saludables llevando por ejemplo el impuesto de los productos ultra procesados a un 20%, con lo que espera recaudar cerca de $3 billones este año. Ahora, con esa misma bandera, que está probado no disminuye el consumo y afecta en mayor medida a las personas de menores ingresos, busca cubrir parte del déficit fiscal que ya sabemos esta desbordado.

Se debe mencionar que ambos productos tienen un complejo sistema impositivo en el que concurren una diversidad de gravámenes pues en materia de bebidas alcohólicas se paga un impuesto al consumo entre 20% y 25% del valor del producto, un impuesto por los grados de alcohol que contenga cada bebida, un IVA de 5% y en el caso de los licores un 2% anual por derechos de explotación. En el caso del cigarrillo pagan un impuesto equivalente a 10% valor de del producto en el mercado y otro monto específico por cada cajetilla de 20 cigarrillos o proporcional a este. Pues bien, el Gobierno pretende incrementarlos y llevarlos en su conjunto a un aumento superior a 200% llevando a que el costo de los mismos sea demasiado elevado para el consumidor final.

Hoy, el alto costo de las bebidas alcohólicas y de los cigarrillos se convierte en la puerta de entrada para una las economías ilícitas que tanto afectan a nuestro país y que adicionalmente se encuentran asociadas a otras actividades delincuenciales como lo es el contrabando. Tal es la situación, que de acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, 36 de cada 100 cigarrillos que se consumen en el país son ilegales y no pagan impuestos, lo que implica que el país deja de recaudar cerca de $1 billón al año por este concepto, que se profundiza especialmente en los departamentos costeros y fronterizos donde cerca de 80% del consumo proviene de la ilegalidad.

En materia de licores la situación es aún más preocupante, de acuerdo con el estudio “Mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Colombia”, realizado por Euromonitor International, una de cada cuatro botellas de licor que se consume en Colombia proviene del mercado ilegal, lo que representa una pérdida en el recaudo de impuestos cercana a los US$650 millones al año. Este mercado ilegal se compone de dos elementos: el contrabando y la adulteración de licores, resaltando el inmenso riesgo que esta genera para la salud pública, solo falta recordar lo ocurrido hace pocas semanas en Barranquilla donde murieron 13 personas por alcohol adulterado tras consumir la bebida conocida como Cococho.

El contrabando y la adulteración existen por los altos márgenes de utilidad que representan para quienes los comercializan, pues al no pagar los impuestos, entran a competir con las industrias legales con precios que los hacen mucho más atractivos a los consumidores. Duplicar los impuestos a estos productos les dará una mayor rentabilidad al mercado ilegal, con lo cual sólo promoverá su expansión.

La propuesta de incrementar los impuestos por parte del Gobierno se constituye en consecuencia en una fuerte amenaza a la salud pública en dos aspectos fundamentales: El primero, es que al hacer más costoso el acceso a los licores, aumenta el riesgo de adulteración y de afectación a la vida de los consumidores; y el segundo, es que desfinancia el sistema de salud al poner en riesgo el recaudo de estos impuestos con destinación a los departamentos, por aumentar la participación en el mercado de productos ilícitos. Para colmo de males, no se constituye en una fuente de financiamiento para el Presupuesto Nacional por ser una renta de los departamentos y Bogotá en virtud del monopolio rentístico, que por el contrario podrá ver disminuido su recaudo. No los veo oponiéndose a esta barbaridad.