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Las buenas cifras en materia económica que se han observado en las últimas semanas en especial en cuanto a la caída de la TRM y a las altas cifras de inversión extranjera directa, deben tener muy preocupado al gobierno del presidente Gustavo Petro. En primer lugar, tal y como lo han manifestado los analistas del mercado, bancos internacionales y calificadoras de riesgo, porque la bondad de los números se debe a la conclusión de algunos respecto a la falta de gobernabilidad del presidente y a que sus tan anunciadas reformas, o no verán la luz o terminarán ajustadas y recortadas evitando con esto sus perversos efectos. En síntesis, los mercados celebran el desgobierno que impera y esto generó tranquilidad y confianza en el país.
En segundo lugar, porque las mismas cifras modifican los supuestos macroeconómicos con los que el gobierno venía trabajando para 2023 como se observa en la ponencia del proyecto de ley de adición al presupuesto, en la que el precio promedio del barril de petróleo se ajustó de los US$94 con los que se venía trabajando a un valor de US$78, con lo cual los ingresos provenientes del sector extractivo y principalmente por parte de Ecopetrol se verán fuertemente disminuidos. El resultado no es otro que una gran desfinanciación qué pone en riesgo la capacidad de gasto del gobierno nacional e impone una mayor necesidad de ajuste en las finanzas públicas y más si la TRM llega a consolidarse en los valores que estamos viendo en estos días.
Resulta al menos inquietante que finalizando junio el Gobierno Nacional no haya aprobado en el Congreso de la República la adición al presupuesto de 2023. Dos explicaciones podrían darse, la primera, consistente en que no se necesitaba de estos recursos y no se requería de la reforma tributaria y que la misma desde lo dogmático sólo perseguía dar un mensaje al sector extractivo indicando que el país intenta marchitar esta fuente de ingresos y que no se desarrollen nuevas inversiones en el sector, circunstancia que resulta absolutamente preocupante en especial cuando el Gobierno celebró la alta cifra de inversión extrajera en los primeros 4 meses del año sin tener en cuenta que cerca del 80% corresponde al sector extractivo que tanto pretende acabar.
La segunda interpretación que puede sugerir en línea con los diversos analistas, es que el Gobierno a la fecha no tiene claro cuáles son sus prioridades y hacia dónde dirigir los recursos, es decir la ausencia de liderazgo resulta tan evidente que el país se encuentra sin rumbo. Prueba de ello sería la cifra reportada esta semana según la cual la ejecución del presupuesto descontando los pagos de la deuda solo alcanza 27% siendo la más baja desde 2001. Las dos hipótesis son igual de preocupantes.
Es inquietante la dicotomía entre la radicalización del discurso en cabeza del presidente y el aumento en la confianza por parte de los mercados e inversionistas, entre la necesidad de consensos y la arrogancia del Gobierno. Necesitamos que al país le vaya bien y eso implica que al gobierno le vaya bien. No podemos continuar en una confrontación interna que está generando angustia en la sociedad, zozobra en los ciudadanos y desconfianza en los mercados.
Ya es el momento para qué exista un diálogo franco, una construcción de acuerdos y una defensa de las instituciones que permitan el desarrollo económico que satisfaga las necesidades de la población, genere confianza en la inversión y proteja las victorias que como sociedad hemos obtenido. La confianza se construye, los recursos se protegen, las instituciones se respetan y la iniciativa privada como motor de crecimiento y desarrollo deben ser el centro de la política pública. Es hora de reconocer por parte del Gobierno, que sus propuestas en materia laboral, de salud y pensional están poniendo en riesgo los pilares de nuestra economía, que la sociedad no está de acuerdo con las mismas y que los mercados celebran su falta de gestión y se abra a la crítica, busque acuerdos y gobierne para todos los colombianos.