Colombia 2026

Como me es costumbre, cada año intento realizar algunos planteamientos centrales de lo que será el desarrollo del país durante la vigencia; de alguna manera aspiro que, para el lector, el artículo ayude a tener un mayor contexto para la toma de decisiones. Para este año he elegido cuatro temas que considero fundamentales para lo que será el devenir de Colombia en el 2026, a saber: la situación fiscal, el riesgo sistémico del sector minero energético, los impactos el salario mínimo y no puede faltar el desenlace de la elección presidencial.

Sin terminar el 2025, ya el 2026 se sacudía en los temas más sensibles para cualquier país: el ambiente político cada día más radicalizado; la economía, aunque creciendo por encima del promedio de la región, sus sectores estratégicos descolgados, profundizando la situación fiscal del país; en lo social, la gente de la base de la pirámide esperanzada con el aumento del salario y a la expectativa en múltiples frentes de las promesas del cambio, que han estado marcadas por los subsidios, afectando la situación fiscal. A este panorama se sumó la preocupación de gremios, empresas y analistas por los impactos negativos del aumento del salario mínimo en inflación, tasas de interés, déficit fiscal, viabilidad de proyectos e informalidad.

Considerando lo anterior, un tema central de país en este 2026 será la situación fiscal. Sin duda, independiente de cualquier postura, es necesario que cualquier ciudadano dimensione que ninguna economía, empresa, familia o persona puede vivir al debe de manera permanente sin crear capacidades de ingreso y riqueza. Es evidente que las medidas adoptadas por el gobierno han llevado al país a: deteriorar su calificación de riesgo, a la aplicación de un decreto de emergencia económica que ataca las finanzas de las entidades territoriales, que afecta patrimonios bajos y, en especial, un decreto que no tiene bases sólidas para mantenerse en firme. Confío, en favor del país, que la Corte Constitucional lo tumbará en el corto plazo. Además, esta situación fiscal implicará durante varios años decisiones dolorosas pero necesarias en recorte de gasto y una apuesta desde el Congreso para crear políticas de Estado que superen las posturas de gobierno de cada cuatro años y generen la confianza necesaria para la inversión de largo plazo.

Con respecto al segundo tema, el riesgo sistémico del sector minero energético, es inminente que el Ministerio de Minas tome medidas para atender los compromisos financieros con generadores, transmisores y demás agentes del mercado, derivados en gran medida por la situación de Air-e intervenido y que ha suscitado recurrentes incumplimientos de pagos que han afectado la situación de un número significativo de jugadores del mercado de todo el país. Muy probablemente la solución pasará por trasladar esas deudas a los consumidores, cobrando unos cuantos pesos más en la tarifa en el componente de restricciones. A esta situación habrá que sumar que la energía del país está atrapada al no otorgarse nuevos puntos de conexión para proyectos, a la incertidumbre ocasionada por el incumplimiento de pagos y a una cascada de reglamentación que limita la planeación e inversión de largo plazo.

El tercer tema es los impactos el salario mínimo; para ello es necesario entender que los incrementos del ingreso que no son explicados por aumentos de la productividad tienen consecuencias adversas, como las ocasionará el reciente incremento. Este año estará marcado por cancelación de proyectos de obra civil que no lograrán cierres financieros derivados de un mayor costo que no tienen cómo compensar desde el ingreso; este, además, será un año de aumento de la inflación que redundará en incremento de tasas de interés, encareciendo el acceso al crédito y desincentivando la inversión. En últimas, este incremento del salario mínimo significará informalidad y desaceleración económica. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que, derivado del aumento del salario mínimo, el déficit fiscal aumentará en no menos de $5 billones en 2026 y en cerca de $8 en 2027. Creo, sin duda, que este cálculo está muy por debajo del impacto real, que en los dos años superará los $20 billones, sin contar los colaterales sectoriales en la economía del país.

Finalmente, el cuarto tema será la elección presidencial; esta marcará el rumbo del país, no de los cuatro años, sino de toda una generación. Al escribir este artículo veo con preocupación que la favorabilidad y, con una probabilidad muy alta, la elección estará marcada en términos de la radicalización de los discursos y no de la racionalidad de las necesidades de las comunidades y de un país que requiere equilibrio y sensatez. De no superar la radicalización, estaremos sometidos al péndulo político de los últimos años. Aspiro que, como ciudadanos, superemos las diferencias y encontremos un camino distinto para un país que, aún con sus dificultades, está lleno de riqueza y de capacidad.