El Comité Consultivo de la Regla Fiscal (Ccrf) decidió por sugerencia del Gobierno suspender la Regla Fiscal para 2020 y 2021. Esta decisión se ampara en el artículo 11 de la misma regla, ley 1473 de 2011, que estipula que en el caso de eventos extraordinarios es posible la suspensión temporal de la regla.

El choque económico asociado al covid-19 es a todas luces extraordinario y compromete las finanzas públicas. La discusión de fondo es cuán deseable es la suspensión de la regla. Hay varios elementos relevantes para dicho análisis. El primero es que la Regla Fiscal contempla en su artículo 6 un tope en el tamaño del estímulo fiscal permitido para mitigar una caída en la actividad económica.

En tiempos normales el tope de 20% con relación a la brecha del producto puede ser razonable, pero en una coyuntura tan difícil como la actual, limitar la capacidad de amortiguar el choque con un estímulo fiscal puede ser indeseable, en la medida que hogares y empresas necesitan alivios por parte del Gobierno para enfrentar la caída en ingresos.

Un segundo elemento es que la Regla Fiscal estipula un déficit estructural inferior a 1% del PIB, lo cual es consistente con una deuda como % del PIB que se estabiliza en niveles aproximados de 30% - en relación inversa a la tasa de crecimiento potencial de la economía. Dado el nivel actual de deuda como porcentaje del PIB, que fácilmente superará 60% a finales de este año, la meta de déficit estructural de 1% y el ajuste fiscal requerido, en particular en 2021, resulta excesivamente ambiciosos.

Estos dos elementos sugieren que la decisión de suspender la regla es sensata. No obstante, estos mismos criterios indican que el Gobierno perdió una oportunidad única de corregir estos elementos estructurales de la Regla Fiscal en la pasada emergencia económica, donde mediante un decreto con fuerza de Ley, el Ministerio de Hacienda hubiera podido enmendar la Regla Fiscal, relajando el tope de gasto contra-cíclico permitido y ampliando el déficit estructural de largo plazo a un rango de 1,5%-1,8%. Esa oportunidad se perdió y con ella la viabilidad de mantener la Regla Fiscal en la actual coyuntura.

Sin la regla, volvemos a lo que país estuvo siempre acostumbrado, al ejercicio de la discreción fiscal, pero en un país donde la discusión de los temas tributarios y de gasto público se ha vuelto más compleja, por la fragmentación política y la falta de financiamiento con fuentes permanentes del modelo de Estado de la Constitución de 1991. Al suspender la regla, el Gobierno pierde un aliado importante que servía como mecanismo de protección frente a presiones de mayor gasto y como escudo para justificar aumentos de impuestos, nunca populares.

Sin la brújula de la Regla Fiscal, quedamos al buen criterio y la discreción del Gobierno, pero también del juego político, en especial en la medida que el país se prepara para transitar al ambiente preelectoral en 2021. Reinstaurar la Regla Fiscal en 2022, no será tarea fácil, más siendo un año electoral.
El déficit como porcentaje del PIB de este año seguramente será mayor a 6,1% inicialmente estipulado por la regla.

Algunos estimativos apuntan a 8%. Las agencias calificadoras estarán atentas a que, en ausencia de metas explícitas, el Gobierno, más pronto que tarde, anuncie la hoja de ruta en materia fiscal. Una hoja de ruta no creíble podría llevar al país perder el grado de inversión.