Ingreso solidario

A raíz de la dramática caída de los ingresos de las familias colombianas asociada a la pandemia y las cuarentenas impuestas, el Gobierno creo en abril del año pasado, en medio de la Emergencia Económica, el programa de Ingreso Solidario. Este programa, que termina en junio de este año y complementa otros programas de subsidios como Familias y Jóvenes en Acción, beneficia a tres millones de hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad.

Frente a los programas ya establecidos de subsidios, Ingreso Solidario se estructuró e implementó en tiempo record. Al programa de Familias en Acción le tomó 19 años alcanzar y perfeccionar las transferencias a 2,6 millones de hogares, mientras que, en medio de la urgencia, el programa de Ingreso Solidario en pocos meses logró una cifra similar.

No queda duda que la velocidad en su implementación ha sido una de sus grandes virtudes, pero ahora que se aproxima el fin del programa, y con la eventual presentación de una reforma fiscal, vale la pena hacer una pausa, así la pandemia poca tregua nos haya dado, para pensar en los beneficios, costos y oportunidades de mejora de cara a un eventual mecanismo de naturaleza permanente.

Un primer análisis pasa por la simple revisión de los costos del programa, que dado el alcance, en número de hogares y montos, es actualmente de $500.000 millones al mes, unos $6 billones al año (aproximadamente 0,6% del PIB). El monto de transferencia mensual por beneficiario es de $160.000, superior a la línea de pobreza monetaria extrema per cápita, que en 2020 podría estar cercana a $140.000, pero solo la mitad de la línea de pobreza que el año pasado debería estar por $332.000.

Si el monto de las transferencias se duplicara, las transferencias podrían mitigar en buena medida la falta de ingresos de los hogares más pobres, a un costo fiscal de 1,2% del PIB que resulta manejable, en la medida que el Congreso apruebe nuevas fuentes de ingresos recurrentes para el Gobierno. Los montos de giro podrían perfeccionarse para que reconocieran los diferentes costos de la canasta de consumo, que varía de manera importante en la geografía nacional. Asimismo, en caso de que el programa sea permanente, podría implementarse un esquema donde una parte de los giros sea condicionada, como en el caso de los programas de Familias en Acción y de los otros programas de transferencias condicionadas en América Latina, que han probado ser exitosos no solo en aumentar el consumo de los beneficiarios, sino ha tenido efectos positivos en reducir la mano de obra infantil y en aumentar la asistencia escolar. La integración y articulación de Ingreso Solidario con el resto de los programas sociales debe ser parte de la discusión. La condicionalidad puede usarse también para inducir a que los beneficiarios busquen fuente de ingresos laborales permanentes.

Más allá de las virtudes y beneficios de extender, ampliar y perfeccionar el programa de Ingreso Solidario, no podemos perder de vista que en últimas el remedio más contundente contra la pobreza es el crecimiento económico y la mejor forma de solidaridad es darles a las personas la posibilidad de tener empleos formales. La discusión sobre una extensión de Ingreso Solidario debe complementarse con medidas para dinamizar el mercado laboral, impulsar la recuperación económica y asegurar la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo.