Empleo informal: fenómeno persistente

La informalidad laboral es funcional al modelo económico vigente y se ha legislado para su persistencia. La informalidad laboral es un rasgo estructural de la dinámica económica y tiene que ver con la relación laboral, el tamaño de las empresas, la posición ocupacional y la afiliación al sistema de seguridad social, es decir, son criterios distintos que sirven para identificar y clasificar el empleo informal.

El Dane clasifica como informal laboralmente a quienes carecen de contrato; trabajan en empresas con menos de cinco trabajadores; no cotizan a seguridad social, especialmente a pensión; ejercen como empleados domésticos sin seguridad social; son trabajadores por cuenta propia o dueño de empresas sin registro mercantil, tributario o contabilidad completa. Son criterios independientes que permiten clasificar a una persona como empleado informal.

El empleo informal se ha mantenido históricamente alrededor de 55% a nivel nacional y con fuerte resistencia a disminuir. En las 13 principales ciudades ha bajado de 50% a 42% entre 2007 y 2025; pero no ha sido un descenso notorio si se toma en cuenta las reformas y acciones implementadas para formalizar. El mayor volumen y proporción de empleo informal se encuentra en trabajadores por cuenta propia ꟷindependientesꟷ y en las actividades agrícolas y comerciales. Dicha resistencia ha servido para hacer creer que la informalidad no se reduce debido a rigideces en la contratación, obstáculos para despedir trabajadores y a altos costos laborales, parafiscales y salariales. Bajo esta ideología, se promovieron y aprobaron reformas laborales que flexibilizaron la relación laboral y contractual; se redujeron los recargos nocturnos, dominicales y festivos; se abarataron los despidos; y se permitió la contratación por prestación de servicios provocando el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia o independientes, justamente donde está la mayor informalidad.

El último reporte del Dane (abril-junio), de los 23,6 millones de ocupados, 55% son informales donde. Por un lado, 63% son informales por ser empleados por cuenta propia; mientras que, por otro lado, 22% y 18% son informales que participan de actividades agropecuarias y comercio, respectivamente. La Ley 2466 de 2025 -la reciente reforma laboral- intenta revertir estas tendencias. Promueve el contrato a término indefinido como regla general, limita el uso de contratos a término fijo e impone responsabilidad solidaria a quienes subcontratan abusando de los contratos por prestación de servicios. El objetivo es claro: reivindicar el derecho al trabajo y poner freno a la precarización. Sin embargo, el alcance fue restringido por el Congreso, que recortó varios puntos centrales del proyecto original, facilitando condiciones para la persistencia de la informalidad.

Se equivocan quienes insisten en que el problema es “formalizar” a los informales. Lo que se requiere es reconocer derechos y dignificar el trabajo. Para ello, la idea de trabajo decente podría ayudar en la configuración de futuras reformas laborales. El reto no es reducir la informalidad como indicador, sino transformar la estructura productiva, redefinir el papel del Estado en la garantía de derechos laborales y construir un sistema de protección social universal que no dependa de la condición contractual. Mientras ello no ocurra, la informalidad seguirá siendo un fenómeno persistente y más de la mitad de los trabajadores seguirá atrapado en la informalidad.