El cartel de la insolvencia

Pocas herramientas legales reflejan tan bien el equilibrio entre alivio y responsabilidad como la insolvencia, un mecanismo excepcional que la ley diseñó para ofrecer una segunda oportunidad a quienes, por razones genuinas, no pueden cumplir con sus obligaciones y requieren una salida ordenada y digna.

Cuando funciona bien, cumple un propósito social valioso. Permite reorganizar deudas, preservar patrimonio y facilitar un nuevo comienzo. Pero cuando se utiliza de manera indebida, como está pasando, pierde su esencia y termina generando efectos contrarios a los que busca corregir. Una herramienta pensada para corregir fallas ha terminado convertida, para muchos, en un negocio.

Las cifras hablan por sí solas. Las solicitudes de insolvencia de personas naturales pasaron de 422 en 2016 a 18.727 en 2025. Se trata de un incremento de más de 44 veces en menos de una década, un comportamiento que no guarda relación con la dinámica reciente de la economía. El país no atraviesa una recesión profunda ni enfrenta un deterioro generalizado de los ingresos que explique un aumento de esta magnitud. Entonces, ¿qué está pasando?

La respuesta incómoda es que se está abusando del sistema. Ha emergido lo que hemos denominado el cartel de la insolvencia, una red de prácticas oportunistas que instrumentaliza el proceso para defraudar a los acreedores mediante la declaración de acreencias ficticias y maniobras que aprovechan vacíos normativos y debilidades operativas.

Sus efectos son concretos y afectan a distintos frentes. Por un lado, existen implicaciones legales claras. La utilización indebida de estos mecanismos puede dar lugar a responsabilidades penales, civiles y disciplinarias, tanto para el deudor como para quienes participan en la estructuración de acreencias inexistentes o en la promoción de estos esquemas como supuestas soluciones. La apariencia de legalidad no elimina la naturaleza fraudulenta de estas conductas.

Por otro lado, el propio deudor asume costos que no siempre son evidentes al inicio. Aunque pueda percibirse como una salida, en la práctica implica un deterioro de su perfil financiero, restricciones en el acceso al crédito y un debilitamiento de su relación con el sistema formal. Lo que se presenta como una solución inmediata puede convertirse en una limitación de largo plazo.

Adicionalmente, el impacto se traslada al conjunto de la economía. Las pérdidas no desaparecen. Se reflejan en mayores tasas, en condiciones más exigentes y en menores niveles de inclusión financiera. Es importante recordar que los recursos que intermedian las entidades financieras provienen del ahorro de los ciudadanos, y su adecuada protección es un principio fundamental para el buen funcionamiento del sistema.

Por eso, este no es un llamado a cuestionar la insolvencia, sino a preservarla. Este mecanismo ha sido una herramienta legítima y necesaria para miles de colombianos que han enfrentado dificultades reales. Precisamente por su importancia, es indispensable fortalecer su integridad, cerrar los espacios de abuso y elevar los estándares de control y verificación.

El mensaje es sencillo: los mecanismos de alivio financiero deben mantenerse al servicio de quienes realmente los necesitan y no pueden ser convertidos en fábricas de fraude. Evitar su uso indebido es una condición necesaria para proteger la confianza, garantizar el acceso al crédito y asegurar que el sistema continúe funcionando sobre la base de la buena fe.