MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
La idea de reducir el Estado suena atractiva, por eso algunos populistas han tomado esa bandera, con poquísima seriedad y resultados adversos. La evidencia empírica demostró que no existen países ricos con Estados pequeños. Los países prósperos no concentran el bienestar de su población en un solo actor. Por el contrario, la simbiosis que existe entre el Estado y el mercado es la forma en que se definen claramente los roles para ir por el mismo camino del desarrollo económico y social, que alcance para todas y todos.
Mostremos algunos datos reales. Se tiene la falsa creencia de que el Estado colombiano es muy grande. En verdad, no lo es ni por el tamaño de sus ingresos ni por el gasto. Los ingresos generales del país son de 27,4% del PIB en 2025, mientras el promedio de América Latina es de 29,3%. Entre los países más pobres del mundo, Burundi, Angola y Camboya, en promedio el ingreso es de apenas 15,8%, y en Haití es de 5,97% (FMI), con una tasa de pobreza de 54% (Naciones Unidas). En cambio, los ingresos de la nación como porcentaje del PIB en Noruega son de 58,9%; en Francia, 52,4%; en Suecia, 48,0%, y en Italia, 47,9% (Ocde). Una primera tarea es incrementar el recaudo efectivo, reduciendo evasiones, si lo que queremos es parecernos más a Italia que a Haití.
Ahora, por el lado del gasto general del Estado, ocurre la misma relación. El de Colombia es de 33,2% y el de América Latina, en promedio, es 34,4%. El de Angola, Burundi o Camboya no supera 21% y, en el caso de Haití, apenas llega a 6,2% para 2025 (FMI). Como es evidente, Noruega, Francia, Suecia o Italia tienen un gasto público alrededor de 49% del PIB. ¿A quién nos queremos parecer? Con estos y muchos otros datos que pudieran ser parte del debate, queda claro que la propuesta de Abelardo de recortar 40% del Estado provocaría una crisis económica y una violación al principio del bienestar general de la población definido en la Constitución. Ampliaré. El experimento libertario siempre ha salido mal. La idea de recortar el Estado, como si no fuera parte de la economía, el empleo, la inversión, la seguridad y la infraestructura, seguro que sí es una buena noticia para algunos negociantes privados que llegan a suplir -a cambio de lucrativas ganancias- algunas de las necesidades de la sociedad. Los libertarios juegan a vender la idea de que cada individuo tiene posibilidad de ser parte de esta élite exitosa que controla los negocios privados con recursos públicos. Es, en realidad, una receta para el empobrecimiento general. De esto sabe bien Bukele en El Salvador, quien ha visto incrementado su patrimonio en 80%, según los investigadores Benson y Rauda, mientras la economía de su país es la que menos crece en Centroamérica en los últimos cinco años. La pobreza multidimensional (56,4%) es la segunda más alta de América Latina, 83% de su población no accede a ninguna pensión y solo 1% tiene una pensión mayor o igual que la línea de pobreza monetaria, según Cepal (2026).
Lo mismo podría ocurrir en Colombia. La estrafalaria propuesta de la derecha que propone eliminar 700.000 empleos públicos sonará linda para quienes creen que solo les puede ir bien si a otros les va mal. Pero como así no funciona la riqueza de las naciones, estos nuevos desempleados, que reducirán el consumo de sus hogares, traerán pérdidas para las empresas al vender menos, producir menos y tener menos ganancias. En Argentina, esto trajo la reducción de 63.000 empleos públicos y la caída de las ventas en supermercados de 22% en promedio en sus regiones, según Cepa.
Como el futuro está en nuestras decisiones presentes, la única forma de frenar estas irresponsables ideas es votar por Iván Cepeda, que tiene una propuesta de consolidar en Colombia un capitalismo productivo, diversificado y socialmente incluyente, incrementando la capacidad nacional de producción y empleo, en compromiso con la sostenibilidad, en un pacto fiscal y productivo. Más complejo, pero sin populismo.
En los años recientes, Prodeco fue la empresa minera que sufrió los impactos de las comunidades indígenas cerca del área de influencia de su proyecto en el departamento del Cesar, en los municipios de La Jagua de Ibirico, Becerril, El Paso y Valledupar