Las redes sociales son un fenómeno que viene revolucionando el modo en que los usuarios de internet se comunican y comparten información, intereses y afinidades. A través de este medio de comunicación, hoy en día es posible intercambiar en tiempo real, fotografías, vídeos e información vital con nuestros amigos, pudiendo excluir de dicho conocimiento a terceras personas. La naturaleza intrínseca de la red, hace que dichos contenidos pueden terminar, sin nuestro consentimiento y conocimiento, en manos de terceros ya que cuando se publica un contenido en la nube, se pierde el control sobre el mismo. Adicionalmente, el anonimato que permite internet y los perfiles de las redes sociales dificultan enormemente la identificación de las personas que se encuentran detrás de cualquier información publicada.
El hecho de publicar o ‘retuitear’ cualquier tipo de contenido recibido de un tercero, no es un acto inocuo y sin importancia, puesto que es posible que estemos difundiendo información falsa, calumniosa o injuriosa e inadvertidamente incurriendo con ello en un delito. La transcendencia del contenido de un ‘tweet’ no queda limitada a un círculo específico, ya que a pesar de que el usuario haya creído o deseado que el mensaje tuviera un alcance concreto, cada seguidor del mismo puede ‘retuitearlo’ difundiendo así el mensaje a un círculo más amplio.
Es por esto que el monitoreo de la participación en las redes sociales por parte de las autoridades, requiere un balance entre el respeto a la libertad de expresión y el castigo al uso de la red para la difamación, amenazas, insultos o acoso. Un ejemplo de esta situación, es el caso de Alistair McAlpine, un político inglés que anunció que llevaría a juicio a más de diez mil usuarios de Twitter por difundir un falso rumor que lo relacionaba con un caso de abusos a menores. El caso se inició cuando la BBC lo vinculó erróneamente a un escándalo sobre abusos a menores, lo que desencadenó en una desenfrenada cadena de menciones en Twitter y en los medios. La información publicada en las redes sociales pasó a la radio y a la televisión en cuestión de minutos, para finalmente desmentirse y terminar en disculpas y cuantiosas indemnizaciones.
El caso McAlpine y muchos otros a nivel mundial han puesto a pensar a muchas personas acerca de las reglas que deberían regir las conversaciones en la red. La esencia del problema es que la virtualidad de la red genera un sentimiento de ausencia de responsabilidad en quien genera la información y el contenido, que les lleva a difamar, amenazar, insultar, o calumniar a terceros con gran facilidad.
Cualquier usuario de Twitter con un número considerable de seguidores sabe el poder que tiene en sus manos y cómo un comentario negativo puede amplificarse de manera exponencial sin importar la veracidad del mismo. La posición de los jueces en el Reino Unido luego del caso de McApline es que cualquier amenaza, insulto o difamación es un delito, no importa que suceda en la red o fuera de ella. Esta posición llevaría potencialmente a judicializar o criminalizar cualquier conversación en una red social, lo cual podría resultar en un incremento absurdo de casos en los tribunales y al mismo tiempo en una clara amenaza a la libertad de expresión.
A diferencia de un medio impreso, la radio o la televisión, en los medios virtuales es claro que se debe expandir el alcance de las leyes de manera que contemplen situaciones particulares como casos donde las personas borran un tweet ofensivo, o quienes trinan bajo los efectos del alcohol. También es importante que la ley considere el nivel de responsabilidad de la persona que publica cierto contenido, ya que un mensaje en una red social no tiene el mismo efecto cuando se tienen diez amigos o seguidores, que cuando se tienen varios millones, siendo entonces el número de seguidores o de potenciales ‘retuits’ relevante a efectos de la cuantificación del posible daño producido.
