Arreglar el Estado

La propuesta gubernamental de modificar el estatuto tributario de Colombia tuvo diversas reacciones. Muchas personas han rechazado la estrategia de movilizar más recursos a expensas de la clase media asalariada en vez de penalizar de manera efectiva la evasión de impuestos directos en la cima de la pirámide. También ha habido declaraciones en contra de gravar pensiones y patrimonio, producto de rentas no consumidas sobre las cuales ya se pagaron impuestos. La opinión pública ha acogido la idea de mejorar las condiciones de las clases más vulnerables, pero el conjunto de subsidios planteado puede ser demasiada carga para un país de ingresos modestos, con limitadas perspectivas económicas hoy.

Sorprende, sin embargo, el escaso interés en revisar el Estado, sus procesos y su cumplimiento de objetivos antes de debatir cómo aumentar su capacidad para atender deuda y movilizar nuevos recursos para su operación. Muchas críticas recibió Alberto Zalamea, miembro de la Asamblea Constituyente de 1991, cuando se negó a firmar el producto concertado. Adujo que la Carta de 1968 era mucho mejor.

Hoy se sabe que tenía razón: han pasado 30 años y el Estado no ejerce el monopolio del poder coercitivo con eficacia; el legislador y la justicia no atienden las necesidades; la planeación es estática y de corto plazo, sin fundamento en ventajas comparativas relativas de las regiones; los departamentos no tienen papel importante porque los municipios reciben en forma directa la mayor parte de la redistribución de ingresos corrientes; los mecanismos para controlar no atienden las directrices básicas en la materia vigentes. Como consecuencia, la corrupción es rampante, la educación pública es pésima, el país no produce conocimiento, la infraestructura es deficiente y las tasas de homicidio son altas.

Las buenas instituciones públicas no garantizarían el éxito, pero establecerlas aumentaría en forma notable la probabilidad de crecimiento rápido y sostenido, con subida de salarios reales a tasa aun mayor mientras se cierra el grueso de la brecha entre el ingreso posible y el real. El reto es cultivar competencias en la población y condiciones propicias para aprovecharlas con inversión privada y pública. Así, con productividad creciente, se impulsará la aparición de nuevas cadenas de valor, de mayor impacto en economía y sociedad, y se reducirá la informalidad en forma significativa.

La elevada desigualdad de Colombia obliga a pensar con audacia y rediseñar el Estado de manera lógica, sobre la base del respeto entre los ciudadanos respaldado por un Estado bien conformado. Hacer la tarea es más fácil que convivir con lo existente: el Estado colombiano pesa 30% del producto interno bruto, y los resultados evidencian sus contradicciones. Será necesario definir preferencias: sistema federal o descentralización con sistema unitario; régimen presidencial, inadecuado hoy, o legislador responsable en última instancia, como en casi todos los países desarrollados (EE.UU. es excepción prominente); bipartidismo o pluripartidismo, con atención a la formulación y financiación de propuestas para elección como asunto central de la democracia; sistema penal acusatorio o procesos penales mixtos. Se debe aprovechar lo bueno existente, pero es preciso ordenarlo bien, suprimir lo indeseable y corregir defectos graves. Con Estado idóneo, adecuado para los objetivos, habrá paz y prosperidad.