Abismo o cambio, reto nacional

Colombia es proyecto inconcluso. Sus instituciones, improvisadas en la Asamblea de 1991 para sustituir la Constitución Llerista de 1968, no atienden en forma debida las necesidades de su población. No ofrecen la seguridad necesaria en las barriadas de las ciudades ni en el país rural: el Estado no ejerce el monopolio del poder coercitivo. La calidad del legislador, evidente en su funcionamiento y en las leyes que expide, no es la requerida. La formación de las Altas Cortes es absurda: subordinados lógicos en materia jurisprudencial, Corte Suprema y Consejo de Estado, postulan candidatos para formar su superior, la Corte Constitucional. La rama judicial no es independiente, sus sentencias no son oportunas ni consistentes, y no se aprovechan para su funcionamiento las herramientas de productividad disponibles ni hay capacitación permanente y sistemática.

La calidad de la educación pública es pésima, como evidencian los resultados en las pruebas Pisa; no hay programas estructurados para capacitar y evaluar a los docentes, cuya remuneración se administra mediante relación patológica entre el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Educadores, con sede en Bogotá. El pensum nacional no abre mucho espacio a la iniciativa local. No hay impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, de lo cual se desprenden limitadas perspectivas de progreso a largo plazo. La infraestructura vial es mediocre y no contribuye a la integración entre regiones ni a la competitividad de las cadenas de valor. La planificación del gobierno central es estática, y su horizonte no coincide con el de las ciudades región, de donde deberían surgir las prioridades para aprovechar las ventajas comparativas relativas. La consecuencia natural de estas circunstancias es un país pobre y desigual.

El propósito nacional, según la Carta, es construir el Estado social de derecho, en el cual se promuevan la igualdad, la defensa de los derechos fundamentales y la democracia. Se define como república unitaria, pero se permite la violación de los derechos humanos so pretexto de respetar la autonomía de comunidades indoamericanas en materia penal. Se califica como descentralizada, pero en la práctica un buen alcalde es el que consigue recursos del gobierno central, en tanto que los departamentos no tienen mayor espacio fiscal. Se dice participativa pero todos los procesos de participación requieren la anuencia del legislador.

Se dice pluralista, pero no hay partidos serios, con umbral siquiera de 5% del total de votos para participar en el Congreso, programas claros y canalización exclusiva de recursos para financiar campañas. Se enarbola el respeto por la dignidad de la persona pero la tasa de homicidios es altísima, del orden de 25 por cada cien mil habitantes, cuando la mayor entre los países desarrollados, la de EE.UU., es 5%. El desempleo es muy elevado y la informalidad laboral es del orden de 50%. La Carta proclama la solidaridad, pero es evidente la polarización. Lo más insólito es que la distribución del ingreso no mejora como consecuencia de la gestión pública. Para que prevalezca el interés general se deben tener procesos claros en la formación y operación del Estado, y en esta materia la calificación es pésima. El país requiere un viraje institucional pero no están preparados para impulsarlo el gobierno, la oposición ni los empresarios.