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Damos por sentada la prevalencia del orden que brinda la seguridad física y legal, ejercidas con las mejores prácticas en esas vitales áreas, conforme a los preceptos del Estado social de derecho. Definidos esos pilares fundamentales para arreglar y refundar la nación, necesitamos entonces alinear, sincronizar y repotenciar las finanzas público-privadas nacionales con las internacionales y multilaterales.
Esto empieza con gestionar a la baja los acuciantes déficits fiscales gemelos y realizar bien la reconversión y transformación, en la que el asunto crucial está en reestructurar la deuda pública para poder atender las necesidades debidas de funcionamiento, gasto e inversión; una reorganización fundada en el plan de turnaround que nos saque del atraso secular y nos inserte en las nuevas dinámicas.
Adecuado resultó el reperfilamiento de la deuda interna transable (TES), con el cual el gobierno intercambió cerca de $20 billones de vencimientos próximos (2026 y 2027) por títulos de larga duración, con maduración hasta 2062, lo que alivia la fuerte presión fiscal de corto plazo. El total de la deuda pública interna (79%) y externa (21%) a mediados de año superaba los $1.160 billones.
Clave es aprovechar la prospectiva en la estrategia de rollover (refinanciamiento o reperfilamiento), que minimice el costo para la nación y mejore las garantías del gobierno como emisor de nueva deuda al fondearse y pagar obligaciones onerosas o próximas a vencer; esa debe ser la consigna. Nuestro país tiene tradición de seriedad financiera y, con un buen plan, pronto vendrá el grado de inversión.
Son casi $244 billones de deuda externa, de los cuales alrededor de 45%, $110 billones, corresponde a la banca multilateral, bilateral y privada, y el resto, 55%, a intocables bonos globales por $144 billones. El gobierno nacional inició diálogo con el FMI para acceder a la línea de precaución y liquidez (LPL), más un acuerdo de derechos de giro (SBA), y conseguir hasta US$17.000 millones.
Esto significa la posibilidad de fondear $55 billones con el FMI a bajo costo y con un importante ahorro, pero con inciertas condicionalidades restrictivas. Es una oportunidad que, ante esas imposiciones, debería sopesarse con juicio y rigor frente a una alternativa no analizada: renegociar el componente externo con la banca por $110 billones, con tres años de gracia y 30 años de pago a capital, ajustado a la inflación en la moneda del crédito más 1,5%, que servirá de soporte al reorganizar la patria milagro.
La venta de los activos de la nación es un camino facilista, máxime si se trata de inversiones estratégicas que reditúan beneficios y cuyo costo en manos privadas puede ser contraproducente, como se ventila sobre la participación de Ecopetrol en ISA, o sobre salir al mercado público con más acciones de la petrolera: son los únicos activos atractivos, transables y líquidos con relativa facilidad.
Recortar el gasto tiene limitaciones por sus inflexibilidades, y los impuestos ameritan un enfoque integral, renovado y competitivo. Seguramente la ley de rescate dará cuenta de eso, con el plan de turnaround económico holístico que viabilice y ponga a rendir al máximo nuestros desaprovechados recursos.
El desafío está cantado: le corresponde al tigre decidir.
Fui invitado a presentar los avances de Colombia, que han sido mayores. Medida por los ocupados que cotizan a pensiones, la formalidad pasó de 29% a 46% entre 2006 y 2024. Es el doble del avance de la región
Y, para finalizar, del mundo de la empresa. Tome cualquier libro de 1900 a hoy y todos le dirán: “La competencia nunca ha sido tan intensa”. Y su jefe le dirá: “Este no ha sido un buen año”. ¿O alguna vez se le han acercado a decirle: “Nos fue bien, puedes relajarte”?
Así, el costo económico de una protesta entra en las decisiones sobre cómo responderle. El riesgo político aparece cuando ese costo pesa más que las razones de quienes reclaman. El resultado electoral hace más delicada esa frontera
