La formalidad no se decreta

La semana pasada, el BID reunió en Panamá a ministros de trabajo y especialistas de la región en el Diálogo Regional de Política “Formalización laboral: cómo tejer estrategias efectivas para América Latina y el Caribe”.

El punto de partida fue un libro reciente del BID que muestra que la proporción de trabajadores de 13 países de la región que cotizan a la seguridad social, en la mayoría de los casos a pensiones, pasó de 38% en 2004 a 46% en 2024. Es un avance, pero lento: la mayor parte ocurrió antes de 2014 y, a ese ritmo, la región tardaría 82 años en alcanzar el nivel de Uruguay. Más de la mitad de los trabajadores sigue por fuera.

Fui invitado a presentar los avances de Colombia, que han sido mayores. Medida por los ocupados que cotizan a pensiones, la formalidad pasó de 29% a 46% entre 2006 y 2024. Es el doble del avance de la región.

Dos políticas fueron palancas importantes. La de evidencia más sólida es la reforma tributaria de 2012, que eliminó 13,5 puntos porcentuales de los aportes a la nómina (salud, Sena e Icbf) para los salarios inferiores a 10 mínimos y los reemplazó por un impuesto sobre la renta de las empresas. Varios estudios muestran que redujo la informalidad, sobre todo en las empresas pequeñas.

La otra fue la Pila, que unificó en una sola planilla los aportes a salud y pensión. Simplificó el pago y le dio a la Ugpp, creada en 2007, la información para hacer seguimiento y control. Pero hay una deuda pendiente: aunque la cotización de los trabajadores por cuenta propia es obligatoria desde 2003, según el Dane, 85% de ellos sigue siendo informal, y aun en las 23 principales ciudades la cifra es de 78%. Obligar no ha bastado.

El costo de formalizar debe mirarse frente a la productividad. Ninguna empresa contrata formalmente a quien produce menos de lo que cuesta. El BID calcula que, en 2023, contratar con salario mínimo a un trabajador informal en Colombia costaba 76% más de lo que ganaba. Hoy la brecha es mayor, sobre todo por los aumentos del salario mínimo: más de 50% desde entonces. Por eso el salario mínimo y la productividad son dos caras de la misma moneda.

De ahí surgen dos caminos para el país. El primero va más allá de reducir costos: acercar la legislación laboral a la realidad de millones que trabajan por días, por horas o por cuenta propia. El BID propone algo similar: que la protección siga a la persona y no al contrato, y que se cotice sobre el ingreso efectivamente recibido y según el tiempo trabajado. Colombia ya empezó con la cotización por semanas y el esquema para plataformas. El reto es extenderlos a millones de trabajadores más. Se trata de flexibilizar la forma de cotizar, no la protección.

El segundo es la productividad. Según el libro “Colombia después de la pandemia”, de Econometría, la del país está por debajo del promedio latinoamericano desde 1950. Y según el BID, la de América Latina es hoy apenas 26% de la de Estados Unidos. Elevarla exige formación pertinente para el trabajo, como planteé en una columna en julio.

Es un camino de mediano plazo, pero sin él ninguna reducción de costos será suficiente.
Adaptar la legislación abre la puerta de la formalidad, pero aumentar la productividad permite mantenerla abierta. La formalidad no se decreta. Se construye cuando cotizar cuesta menos de lo que el trabajo produce.